Editorial
La llegada del periodo de campaña política abre también escenarios de análisis y discusión para promover reformas al Código Electoral, justamente en la Asamblea Legislativa existen varios expedientes en ese sentido.
Las propuestas, en su mayoría, abordan dos aspectos relativos a la recepción de recursos, sobre deuda política, pero también tocan un asunto que lleva varios años dando vueltas, el cual se dirige a concretar “opciones” sobre espacios televisivos y radiales gratis y obligatorios so pena de suspensión de concesión a estos medios para los partidos políticos.
Una de esas propuestas fue presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y propone cambios en materia de recepción de donaciones. Además busca en “aras de democratizar” establecer el uso de una franja horaria en las televisoras nacionales para que los partidos den a conocer sus propuestas y candidatos hasta por un espacio de 30 minutos diarios.
La medida se impone aduciéndose que el Estado es el dueño del espectro radioeléctrico, cuyas frecuencias han sido concesionadas a empresas grandes, pero muchas son medianas y pequeñas, sus ingresos limitados y ya de por sí contribuyen a través del pago de impuestos, un canon y ceden espacios al gobierno durante todo el año, y al TSE en periodo de campaña para hacer el llamado democrático al voto.
La idea del órgano electoral es garantizar que los partidos cuenten con espacios más “equitativos” para promoverse entre los electores y ahorrarle al Estado una parte del financiamiento, pero eso va en escalada; es decir, aquellas agrupaciones más votadas serán las que tienen más tiempo para promoverse.
Justamente estas son las que gozan de mayores beneficios y posibilidades de la deuda política y financiamiento, no así aquellos grupos nuevos que se meten a esta lucha por puestos de elección popular. ¿Entonces a quién se le ayuda más? ¡Pues a los más grandes!, ¿eso es democrático?, júzguelo usted.
Además, entre las disposiciones el TSE impone limitaciones para que las agrupaciones puedan definir la pauta con los medios de comunicación electrónicos (radio y TV) y se arroga la potestad de “administrar” el uso de la franja horaria para los fines mencionados, cuando esto es parte de las atribuciones de los concesionarios.
El proyecto no aclara tampoco cómo se va a hacer para que, en medio de tanta labor fundamental de vigilar por el adecuado proceso para que el costarricense vaya a elegir a su presidente y diputados, se aplique un control de cumplimiento en todas las radioemisoras y televisoras del país. Entonces, si el Tribunal no tiene capacidad humana para ello, tendrá que gastar dinero del Estado para que un tercero lo haga, lo cual no es barato.
También preguntamos por qué no se está incluyendo a las empresas de cable, redes de Internet y compañías de telefonía celular, que usan gran parte del espectro radioeléctrico. ¿No se ha considerado que a través de mensajes de texto o de videos en la web las agrupaciones realizan publicidad para los electores?, ¿porqué a unos sí y a otros no?, ¿eso es democracia?
Aún persisten muchas dudas de si bajo el argumento de “democratizar” están estableciendo adecuados parámetros de igualdad y acceso. Los medios de comunicación nunca se han opuesto a contribuir con nuestra democracia, todo lo contrario, la defendemos, pero no se vale en base a ella que se cometan abusos que incluso rayan con limitar la misma libertad de expresión, muestra de ello es la prohibición de campos pagados en la contienda en estos medios por parte de terceros que busca el TSE. Esta iniciativa debe ser revisada con lupa y consultada con todas las partes involucradas, pero sobretodo debe vigilarse que la libertad de expresión siga siendo resguardada para fortalecer la Costa Rica democrática en la que siempre hemos vivido.
