La Fiscalía General de la República apelará la decisión de la jueza Juliana Leiva de rechazar una de la pruebas con que intenta sustentar la presunta defraudación fiscal que habría ejecutado el Grupo Nación en perjuicio del Estado, así lo confirmó la vocera de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.
La audiencia de apelación se realizará hoy en los Tribunales de Goicoechea. Según trascendió, la prueba invalidada estaría relacionada con información obtenida a través de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
La Nación fue acusada por la Dirección General de Tributación ante el Ministerio Público en 2004 por presuntas anomalías en la venta y alquiler de rotativas por parte de la empresa de comunicación a otra ubicada en Belice, denominada Leasing Capital Corporation.
En la denuncia se cuestiona que La Nación vendió el equipo por $2 millones y añadió un contrato de alquiler de las mismas rotativas, pero tan solo dos meses después dejó sin efecto el arrendamiento y la empresa extranjera vendió el equipo por una suma mucho mayor, específicamente $5 millones.
APELACIÓN
Tras ocho años de la acusación, la presunta deuda asciende a ¢1.918 millones, contemplando multas e intereses en perjuicio del Estado por los impuestos dejado de pagar.
La Nación intentó conciliar la deuda para evitar el pago de su totalidad y no ir a juicio, sin embargo el Viceministerio de Ingresos resolvió rechazar la solicitud.
Hoy trascendió que los abogados del Grupo Nación también apelarán la decisión de la jueza Leiva de aceptar otras dos pruebas presentadas por la Fiscalía.
La primera es una prueba internacional obtenida de un banco ubicado en las Bahamas, a través del levantamiento del secreto bancario de los acusados.
En el caso figuran como imputados Manuel Francisco Jiménez, presidente del Grupo Nación; Javier León, abogado; y Carlos González, ex viceministro de Hacienda.
También apelarán el rechazo de la jueza de invalidar la indagatoria al vicepresidente corporativo de la empresa, Daniel Robert.
