El viaje de la presidenta Laura Chinchilla a Perú, en un avión privado de la empresa THX Energy, puso en la mira de la Fiscalía a varios funcionarios públicos, quienes están siendo investigados por haber servido de mediadores entre un empresario supuestamente relacionado en Colombia con una banda de narcotráfico y Casa Presidencial.
Según explicó el fiscal general, Jorge Chavarría, en este momento se encuentran investigando a varios funcionarios del Gobierno, ya que no se siguieron los protocolos conocidos para dar a conocer que la Presidenta iba a realizar un viaje en un vuelo privado y de esta manera verificar si el dueño de la aeronave tenía algún vínculo con la justicia nacional o internacional.
Dentro de las personas que se encuentran en la mira de esta dependencia está Rolando Fonseca, Gabriel Ricardo Morales Fallón, la exesposa de Morales (Vianca Quirós Badilla); el presidente de la empresa Gas Oil & Mining, Gerardo Herrera Velhagen; sin embargo, el Fiscal no quiso confirmar estos nombres para no entorpecer la investigación. No obstante, sí aseguró que la lista de sospechosos es más amplia.
En este polémico caso, desde el 2011 la Dirección de Seguridad Nacional había presentado un informe de inteligencia que posteriormente trasladaron a la sección antilavado. Esto por una alerta enviada desde Colombia por supuestos vínculos con una de las bandas de narcotráfico más grandes de ese país. Misma que hasta el día de hoy la Fiscalía desconoce el estatus en que se encuentra la investigación en ese país suramericano.
COLOMBIA DESCONOCE INVESTIGACIÓN
DIARIO EXTRA conversó con la oficina de prensa de la Fiscalía General, en Bogotá Colombia. Ahí indicaron que “Revisadas las bases de datos de la Fiscalía General de la Nación, en los sistemas antiguo (ley 600) y acusatorio (ley 906), el señor Gabriel Morales Fallón no registra ningún tipo de investigación”.
En este sentido, Chavarría indicó que “cuando ayer se informa todo, lo que sucede es que nosotros nos estamos comunicando con ese país para poder actualizar la información que tienen ellos, y haciendo algunas diligencias con personas que han sido referidas por ahí y que no aparecían mencionadas antes”.
El fiscal indicó que en este momento se están desarrollando 3 tipos de investigaciones distintas, en donde su dependencia solamente tiene que ver en dos de ellas. La primera es la relacionada con Morales Fallón y la posible relación con algunos miembros de Casa Presidencial. La segunda es la denuncia que hizo la diputada el miércoles contra la Presidenta por no haber pedido permiso para el viaje. Esta gestión la lleva otro fiscal y es independiente del primer caso. Y la última tiene ver con la investigación administrativa para determinar los responsables de haber puesto la seguridad de la Presidenta en juego.
Ante la consulta sobre el procedimiento para alertar a Casa Presidencial acerca de las personas que están siendo investigadas por presuntas relaciones con narcotráfico o lavado de dinero, el fiscal explicó que eso es muy difícil. Por año reciben más de 500 informes como el que tenían de Morales Fallán y es por eso que se tiene un protocolo establecido para consultar previamente a que la Presidenta se reúna o reciba una colaboración de alguien si la procedencia del bien o los antecedentes de las personas que se lo dan podrían ser cuestionables. Mismo sistema que no se cumplió, en ninguna de las dos ocasiones que la presidenta utilizó el “jet” de la empresa THX Energy.
