Omar Babbar Amighetti, en representación de la Fundación Emilia Prieto, solicitó al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, que los más de 350 presos por pensión alimentaria puedan pasar este fin de año con sus hijos.
Según el documento presentado, se solicita que la manutención que tiene un privado por estas razones se destine a las pensiones que no pueden ser canceladas por falta de trabajo.
“Proponemos que el gobierno deje de gastar ¢800 mil mensuales en mantener en prisión a inocentes, condenados a la vez al hambre y otras penurias a las familias del encarcelado, y se cree un fondo para contribuir esa misma suma a la manutención de las criaturas desamparadas”, se lee en el documento de 8 páginas.
Si el padre de familia cuenta con un trabajo estable, Amighetti apuesta a que el patrono dé garantía de pago de la pensión por parte de sus empleados y sustituir la condena por un programa de “bolsa de empleo”, lo que formaría parte de un “sistema de intercambio para captar recursos sin fines de lucro para el desarrollo de una serie de programas orientados a la justicia”.
Solís acogió esta solicitud y, de acuerdo con Amighetti, se presentará en Consejo de Gobierno para analizarla.
