Virginia, EE.UU.- Existe evidencia de que la Fiscalía estadounidense habría introducido y presentado documentos en forma errónea e ilegal durante el juicio del costarricense Minor Vargas, expresidente del Brujas y el Barrio México F.C.
Hoy, cuando se cumplen dos años que Vargas fue sentenciado y condenado a pasar 60 años en una prisión federal en la Florida, cabe la posibilidad de que los representantes legales del gobierno estadounidense hayan obtenido los documentos de prueba de culpabilidad en contra del tico en forma ilegal.
Existe una investigación de las autoridades gringas que DIARIO EXTRA conoce se ha desarrollado durante los últimos tres años.
La Fiscalía fue enfática al decir que los documentos presentados a la Corte durante el juicio se obtuvieron del gobierno tico mediante el Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT, por sus siglas en inglés).
Incluidos en esos documentos se encuentran más de 3 mil correos electrónicos, cuentas y estados bancarios, información de propiedades e inmuebles, declaraciones de testigo, etc.
Sin embargo, tras extensa comunicación entre El Periódico de más Venta en Costa Rica y la Fiscalía estadounidense, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Departamento de Estado americano y la Cancillería costarricense, no hay forma de demostrar que existe registro alguno del tratado.
CRONOLOGÍA
Esta investigación comenzó más de un año antes del juicio de Vargas, cuando la Fiscalía introdujo un memorándum de descubrimiento el 28 de marzo del 2011, en el cual indica que “representantes del Departamento de Justicia viajaron a Costa Rica para apurar el proceso a través del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT)”.
Tres días después, el 31 de marzo, el encargado de prensa de la Oficina de la Fiscalía, Peter Carr, emitió un comunicado indicando que solicitó dicha información a la Oficina de Asuntos Internacionales, “pero no he recibido ninguna respuesta”.
Un año después, el 23 de octubre del 2012, fecha en que Vargas fue sentenciado, tras nuestra insistencia Carr nos envió un correo informándonos que descubrieron que existe un tratado de extradición entre Costa Rica y Estados Unidos.
“Sin embargo, en el primer párrafo en la página 16 indica que la Constitución costarricense prohíbe la extradición de sus ciudadanos”, cosa que es muy diferente a un tratado de asistencia legal.
RECONOCIÓ ERROR
Finalmente, después de más de dos años de preguntas y respuestas, la Oficina de la Fiscalía del Distrito Este de Virginia emitió un correo electrónico el 27 de enero de este año, donde reconoce que no existe tal tratado.
“Aunque los Estados Unidos y Costa Rica no han entrado en un Tratado de Asistencia Legal Mutua, hay otros mecanismos (como cartas rogatorias) que permiten a las autoridades cooperación entre dos países”, se lee en el documento.
Cartas rogatorias no son tratados o acuerdos, son formalidades que usan las cortes de diferentes países para comunicarse entre sí. No tienen el peso de un tratado. La Fiscalía nunca mencionó esas cartas rogatorias durante el juicio y nunca estableció si efectivamente utilizó este mecanismo.
Mientras tanto, los tratados de asistencia legal MLAT permiten el intercambio de evidencias e informaciones en casos criminales entre dos países, sin la necesidad de pedir permiso o alguna formalidad. Pueden ser extremadamente beneficiosos en casos de lavado de capitales para obtener cuentas bancarias y estados financieros.
Sin embargo la ausencia de dicho tratado protege en forma legal los documentos, informaciones y propiedades de individuos acusados de algún crimen.
Eso significa que el gobierno tico no estaba en la obligación ni el derecho de entregar los documentos acusatorios a la Fiscalía gringa, los mismos que ayudaron a la condena de Vargas.
METIÓ LA PATA
Una profesora de leyes de la Universidad de Richmond, quien pidió no ser identificada, dijo que “si efectivamente la Fiscalía mencionó el Tratado de Asistencia Legal a propósito, en vez de las cartas rogatorias, entonces dio falsas declaraciones a la Corte, resultando en una falta de ética”.
Según la experta, la Fiscalía debió tener conocimiento previo sobre la existencia de dicho tratado.
La docente dijo que hay una serie de diferencias entre las cartas rogatorias y los tratados de asistencia legal, pero que las dos diferencias más importantes son la eficacia y las agilidades de los tratados de asistencia legal y su naturaleza de cooperación bilateral.
“Por su parte, las cartas rogatorias durarían mucho más. Tardan meses y a veces años en completarse, debido a que son comunicaciones entre las cortes, mientras que los tratados de asistencia legal pasan a través de la vía diplomática para acelerar su procesamiento”, explicó.
Con este conocimiento, sin la existencia de un tratado de asistencia legal, la Fiscalía debió recurrir a las cartas rogatorias, pero al parecer no lo hizo por el tortuguismo que imperaría y decidió mencionar el tratado fantasma, lo que de acuerdo a la abogada es un “acto de perjurio”.
Eso significa que la Fiscalía le mintió a la Corte cuando introdujo los documentos durante el periodo de descubrimiento y el propio juicio. De ser así, Vargas tiene todo el derecho legal no solo a apelar sino a solicitar un segundo juicio por “representación errónea” por parte del gobierno, según expertos en tratados multilaterales.
ACCIONES SIMILARES EN CASO LIBERTY RESERVE
El gobierno estadounidense realizó una serie de extradiciones fantasmas sobre dos naturalizados costarricenses sin las notificaciones correspondientes.
En mayo de este año Maxim Chukharev, el ruso-tico, fue extraditado en forma sorpresiva, sin previo aviso. Fue acusado de lavado de dinero con la compañía Liberty Reserve.
Según su abogada, ni la Fiscalía costarricense, ni las autoridades estadounidenses le informaron de la entrega de su cliente a autoridades federales.
La misma situación se presentó a mediados de este mes, cuando Arthur Budovsky, el cerebro y cabecilla de la extinta Liberty Reserve, fue extraditado a Estados Unidos, también de forma sorpresiva.
De acuerdo con su abogado en España, Gonzalo Boye, ni su cliente, ni el propio abogado fueron notificados legalmente de la entrega de Budovsky a autoridades gringas.
Vargas se encuentra en Orlando, Florida, donde hoy cumple dos años de sentenciado a 60 años en prisión, que le impusieron por su participación en el lavado de dinero con la compañía Provident Capital Indemnity.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Ponce E. Ferguson
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Jueves 23 Octubre, 2014
HORA: 12:00 AM
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