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Nacionales

Corte anula contrato para estudio de pensiones

Carlos Montero de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial

La Corte contratará un nuevo estudio actuarial que analice el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, por lo que se presume que a mediados del año próximo se conocerá con certeza el grado de salud de ese fondo, luego de la lluvia de críticas y cuestionamientos, de los diputados y la Superintendencia de Pensiones.

 

Esto será posible luego de que la dirección ejecutiva de la Corte, previo acuerdo de los magistrados, resolvió rescindir el contrato con la firma argentina Melinsky, Pellegrilli y Asociados,  la cual no tenía el permiso del Colegio Profesional de Ciencias Económicas de Costa Rica  (CPCE).

 

Fueron precisamente los miembros del  Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) y las demás organizaciones de profesionales que denunciaron la forma sospechosa en que Eduardo Melinsky, analista argentino, ganó el concurso para realizar el estudio sin tener el permiso del colegio profesional respectivo.

 

Ese colegio profesional solo otorga un permiso por año para realizar ese tipo de estudios, ya se lo había dado para hacerlo al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, y aún así participó en el concurso para el de la Corte, y extrañamente se le otorgó. Por eso los profesiones inconformes con el estudio anterior de esa empresa que dejó más dudas que respuestas, le exigieron a los magistrados que le anularan el contrato.

 

La Corte resolvió que cuando el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, dejara en firme el acuerdo de rechazarle el permiso a los argentinos, entonces anular el contrato por cuanto  no tenía legitimidad para actuar en el concursos pues estaría ejerciendo ilegalmente la profesión en el país.

 

La Corte había ordenado hacer otro estudio debido a que el efectuado en 2012 supuestamente se hizo mal, pues a su criterio se tomaron como base aspectos inadecuados e ilógicos. El resultado es que el sistema sufría un déficit y colapsaría en 2026.

 

Carlos Montero, de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial, y quien a luchado por un nuevo estudio, aseguró ayer a DIARIO EXTRA que efectivamente ya el  CPCE, rechazó el recurso de revocatoria presentado por Melinski y dejó en firme el acuerdo en el cual le niega el permiso para ejercer esa profesión en el país,  por cuanto da uno por año.

 

Informó que ya la Corte  inició el proceso para rescindirle el contrato por lo cual no se le deberá de pagar ni un centavo y mas bien, los argentinos podrían ser demandados.

 

Comentó que ya está iniciando el proceso para que sea una empresa o un actuario costarricense el que realice el nuevo estudio. “En el  CPCE hay una lista de 35 actuarios que podrían realizar el estudio, pero muchos de ellos trabajan en instituciones públicas”, comentó.

 

Agregó que en el nuevo concurso que se realizará en noviembre podrían también participar expertos extranjeros. “El contrato costará ¢10 millones y se pagará con los recursos del  mismo fondo de pensiones”, dijo.

 

Por último indicó pese a que el o la empresas contratada tendrá su propio estilo de trabajo, espera que a mediados del próximo año se tengan los resultados de este estudio.

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Miércoles 22 Octubre, 2014

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