Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), advirtió ayer que directriz DC-BR-103-2014, girada por Dirección de Comunicación de Casa Presidencial para regular las acciones de comunicación del Poder Ejecutivo, va contra la transparencia del gobierno.
El documento señala que las acciones de comunicación, especialmente aquellas que traten temas importantes, deberán contar con la aprobación previa del director de Comunicación del Gobierno de la República.
Para el sindicalista esa directriz atenta contra la transparencia porque pretende desarrollar un control sobre la gestión institucional que tiene una dinámica propia según su legislación y los servicios que brinda.
“Entonces no creemos que sea conveniente establecer una directriz única, sabiendo que su vez todos los jerarcas son distintos, que es muy importante la espontaneidad de las relaciones bilaterales ente el periodista con la jerarquía correspondiente y más considerando que todavía quedan muchos casos donde los mandos medios tienen agarrados del pelo a los grandes jerarcas”, dijo Vargas.
Para el sindicalista esto sería como crear sin cartera un superministerio que siempre ha sido repudiado por la población porque tiende a verticalizar la función pública, cuando lo que se necesita es horizontalizarla porque da más confianza en quienes gobiernan.
Los superministerios concentran poder y eso no ayuda al desarrollo de la democracia informativa.
Para el sindicalista es comprometedor que desde Casa Presidencial un funcionario de gobierno les dé ordenes a los periodistas, empleados públicos de las instituciones nombrados en propiedad por el Servicio Civil, luego de un largo proceso y con jerarcas ya establecidos.
“Tiene que cumplir con el estatuto del Servicio Civil y respetar las jerarquías. Dentro de sus funciones no está supeditarse a órdenes que provengan de un funcionario de confianza de Casa Presidencial, por más poder político que tenga”, dijo Vargas.
Por ultimo, calificó de error político de la administración Solís monopolizar en Casa Presidencial los contenidos de las informaciones de los ministerios e instituciones públicas.
