Como un documento peligroso, así calificó ayer el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) el oficio enviado por Boris Ramírez, director de Comunicación de Casa Presidencial, a las oficinas similares de las instituciones públicas y ministerios.
“Entendemos la necesidad de las autoridades de ordenarse en temas de coordinación interna, sin embargo la directriz señalada tiene aspectos que pueden implicar autocensura y serias limitaciones profesionales para los funcionarios encargados de prensa y promover, de paso, una peligrosa desinformación para los habitantes de la República”, se lee en el comunicado de Iplex donde manifiesta preocupación por el documento DC-BR-103-2014, girado por la Dirección de Comunicación de Casa Presidencial para regular las acciones de comunicación del Poder Ejecutivo.
Se lee en el comunicado que si la intención es que exista una sola voz, difícilmente el objetivo se alcanzará. “Por el contrario, tendremos a una oficina controlando lo que se informa, habrá una centralización que con seguridad entorpecerá, en caso de funcionar, la labor de los medios de comunicación y en general la libre circulación de la información pública”, agrega.
También indica que la directriz señala que las acciones de comunicación, especialmente aquellas que traten temas importantes, deberán contar con la aprobación previa del director de Comunicación del Gobierno de la República.
En principio los responsables de clasificar lo importante o no para solicitar la autorización de esa Dirección serán los encargados de prensa, pero ante esa inseguridad todo decantará en lo más fácil: que esta decisión quede delegada a esa Dirección de Casa Presidencial.
En la jerga periodística las acciones de comunicación son todas aquellas que hacen los periodistas de las instituciones para satisfacer la demanda informativa de los medios, tales como datos, entrevistas, informaciones, boletines, conferencias de presa y demás.
“Reiteramos que es necesario poner orden, pero el remedio puede ser peor que la enfermedad, amén de considerar que la directriz tiene poco o ningún sustento jurídico, abogamos por la más amplia circulación de información pública y no por el establecimiento de limitaciones, la concentración y el surgimiento de censores en nuestra democracia”, concluyó Alejandro Delgado, presidente del Iplex.
