Datos estadísticos revelan que 22% de los recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) queda en poder de la clase media; ayer el ministro de Bienestar Social, Carlos Alvarado, firmó una directriz que busca atender con grado de prioridad a quienes más lo necesitan, además se creará una lista de espera que agilice el orden de atención.
Así se intenta que los esfuerzos y recursos de la institución se concentren en las familias en pobreza y pobreza extrema, como hogares con jefatura femenina, población con discapacidad o afectada por problemas severos de salud, población desempleada o subempleada con bajos niveles de escolaridad y adulto mayor.
“El uso de recursos de la institución para fines político electorales, o como mecanismo para obtener favores sexuales, económicos o de otro tipo será sancionado desde la administración”, ordena el documento firmado por Alvarado.
En ese sentido, la atención se centrará en los pobladores de acuerdo a la combinación del método que mide la línea de pobreza y el método de puntaje establecido en el Sistema de Información de Población Objetivo (SIPO) de la entidad. Familias fuera de los grupos prioritarios, 1 y 2, podrán ser atendidas, pero solo bajo una apropiada justificación técnica.