La intención del gobierno de ponerle tope a las pensiones altas, pagadas con el presupuesto nacional, sufrió un nuevo traspié, debido a que la Sala Constitucional admitió dos acciones de inconstitucionalidad, contra la ley 7.858, y contra la directriz que acuerpa la decisión del Ejecutivo, con lo cual suspenden la medida que entró en vigencia el 11 de setiembre anterior y se aplicó a 511 pensionados.
Los jerarcas de los ministerios de Hacienda y de Trabajo, Helio Fallas y Víctor Morales, respectivamente, lamentaron la decisión de los magistrados, con lo cual se frena el tope hasta que los constitucionalistas resuelvan sobre el tema.
“La decisión del tope está basada en el principio de solidaridad de las pensiones y estamos seguros de su solidez legal, pero además representa una acción fundamental para la salud financiera de los regímenes”, recalcó Morales, a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, Helio Fallas, titular del Ministerio de Hacienda y primer vicepresidente de la República afirmó que “el Gobierno se comprometió a promover acciones para la sostenibilidad de los regímenes de pensiones, y el tope es una de ellas”, al tiempo que hizo un llamado de urgencia a la Sala Constitucional para que le den prioridad al tema.
Con esta suspensión, no le queda más al gobierno que seguir con el pago de las sumas altas que reciben más de 300 jubilados que se les paga de ¢5 millones en adelante.
AVALANCHA DE AMPAROS
La entrada en vigencia de la directriz en la que se especifica que las pensiones más altas no pasarán de los ¢2.367.000 por mes, causa una avalancha de reclamos ante la Sala Constitucional, instancia que ha recibido recursos de amparo de más de 200 pensionados, quienes alegan una afectación.
Hasta ayer, la Sala Constitucional recibió 120 recursos de amparo, pues hubo jubilados que presentaron reclamos de manera colectiva.
En meses anteriores, el Ministerio de Hacienda denunció que, existen 1.745 pensionados que reciben montos altos por mes, que superan los ¢3 millones hasta los ¢16 millones e incluso más. Este grupo, según indicaron en su momento, concentra ¢90 mil millones al año, es decir el 15% del presupuesto de pensiones que paga dicha instancia.
Pero a las semanas, tras un estudio efectuado por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), ente adscrito al Ministerio de Trabajo se determinó que 915 personas eran a las que se les podría aplicar el tope de pensión y se esperaba que implicara un ahorro de ¢12 mil millones al año, pero cuando entró en vigencia la reducción, la misma solo se aplicaría a 511, esto luego de una actualización de la lista de jubilados con pensiones con postergación efectuado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
Pese a que se esperaba que de manera mensual el Ministerio de Hacienda logrará un ahorro de ¢1.000 millones por mes, en el primer recorte, solo quedó en las arcas alrededor de ¢488 millones.
Para el 2014, el Ministerio de Hacienda tiene presupuestado el pago de ¢708 mil millones en el pago de pensiones.
Añadieron que en el comunicado que “la suspensión no impedirá que el gobierno continúe con el análisis de las reformas legales necesarias para poner límite a las pensiones, como aquellas que se encuentran excluidas por Ley, entre ellas, las de los exdiputados”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Martes 30 Septiembre, 2014
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA