Magistrados de la Corte Plena le volaron duro al diputado del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, por querer obligarlos a recortar ¢20 mil millones del presupuesto del próximo año de esa institución.
No obstante, luego de una acalorada sesión los magistrados acordaron mantener las 132 plazas nuevas y la capacitación de 19 jueces que tiene un costo de ¢708 millones.
José Manuel Arroyo, Román Solís, Fernando Cruz y Sandra Zúñiga, entre otros magistrados, se pronunciaron en contra de la exigencia y amenaza de Solís de que si ellos mismos no le pasaban tijera al presupuesto del año entrante, él mismo lo recortaría, como presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La Corte Plena dedicó toda la sesión de ayer para analizar por segunda ocasión los programas que recortarían.
En una primera oportunidad el ajuste presupuestario se realizó ante el Ministerio de Hacienda y se rebajó un monto superior a los cuatro mil millones de colones. Pero la semana pasada fueron más allá y en discusión recortaron viajes y viáticos al exterior, actividades de capacitación y protocolarias así como la eliminación de sustituciones por capacitación.
Recortaron la apertura de las 132 plazas que necesitaban y solo dejaron 57 asignadas al Organismo de Investigación Judicial, las que se destinarán al reforzamiento de la Sección de Conducción de Personas Detenidas y así evitar la suspensión de debates y audiencias por falta de personal de este tipo.
Con la eliminación de plazas se afectan servicios a poblaciones vulnerables como indígenas, víctimas, programa de justicia restaurativa, penal juvenil y pensiones alimentarias, lo que molestó e indignó a las personas y comunidades afectadas. Ayer luego de una larguísima sesión, decidieran primero derogar el acuerdo en relación con la maestría en administración de la justicia donde gastan ¢708 millones en capacitación de 19 jueces a quienes se les paga su salario para que asistan a clases y además se contrataron sus suplentes.
Pero lo que más ocupó la sesión es la insinuación del diputado Solís, quien dijo que el déficit fiscal es provocado porque la Sala Cuarta se trajo abajo la reforma fiscal durante la pasada administración porque debían de recortar el gasto.
“Trato de entender la lógica política del Ottón. Sería bueno que nos diga dónde recortar. Nos pone en desventaja y más que eso, a pelear y competir entre nosotros”, dijo José Manuel Arroyo.
Por su parte, Román Solís explicó que ellos no deberían hacerle recortes, que se los haga Solís y le explique a las comunidades por qué se deteriora la justicia.
“Estamos danzando con el ritmo que nos están tocando en la Asamblea Legislativa. No soy idiota, ahorrando cincos no vamos a tener colones.
La solución al problema fiscal se hace con una fuerte reforma tributaria que le corresponde a los diputados. Nos están echando la culpa a la Sala Cuarta de que no hubieran reforma fiscal”, comentó.
Por su parte, Sandra Zúñiga dijo que con los recortes se afectarían muchas personas a quienes va destinada la justicia. “No me gusta este pulso entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa a ver cuál tiene más fuerza en el presupuesto. Temo que se vean afectados los servicios que brindamos.
Es arriesgado dejar la decisión a los diputados porque podrían afectarse más los servicios.
Al final de la discusión los magistrados acordaron mantener la apertura de las 132 plazas tal como lo tenía programado para no deteriorar los servicios.
