Ante la invitación a la audiencia pública realizada por los magistrados de la Sala Constitucional sobre el cobro propuesto por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) del servicio de descarga Internet móvil para la telefonía postpago, la Defensoría de los Habitantes dijo que el planteamiento es débil, insuficiente, desactualizado y carente de fundamento, al tiempo que la instancia reguladora se negó a suministrar la información solicitada.
En la audiencia participaron además el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), así como expertos en el tema. Estos últimos aseguraron que es inconveniente la propuesta, pues tenía una serie de vacíos y no contemplaba situaciones técnicas importantes.
Ana Karina Zeledón, directora de Asuntos Económicos de la Defensoría, fue enfática la indicar que “de darse un cobro por descarga como lo pretende la Sutel operaría una discriminación de acceso en perjuicio de los sectores de la población de menores recursos, pues los únicos que podrían costear las descargas de información serían aquellos que dispongan de recursos económicos y, por lo tanto, serían los únicos que se beneficiarán del acceso a la información mediante este tipo de tecnología”.
DERECHO HUMANO
Meses atrás un ciudadano interpuso un recurso de amparo contra la audiencia pública convocada por la Sutel para tratar el tema y se quejó que no se le suministró una serie de información, al mismo tiempo denunció que de aprobarse la alternativa planteada se afectaría uno de los derechos humanos fundamentales, que es el acceso a la información, pues al tener que pagar por la descarga, a muchas personas, en especial de los estratos más bajos, se les aumentará la brecha digital.
“El acceso a Internet es ya un derecho humano reconocido por el Consejo Internacional de los Derechos Humanos. Además desde el 2010 esta Sala reconoció el acceso a Internet como un derecho fundamental y esta misma tesis ha sido sostenida desde el 2011 a la fecha desde el ámbito internacional, tanto por las Naciones Unidas como por el relator de la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y de Expresión”, dijo Zeledón.
Al respecto Maryleana Méndez, presidenta del consejo de la Sutel, manifestó que con la propuesta el usuario pagaría lo que consume, por cada kilobyte descargado, cuya tarifa planteada es de ¢0,0075.
Añadió que las tarifas establecidas en los planes postpago se mantendrán y lo que se busca es que coexistan dos, la segunda es aquella que se pagará de manera adicional cuando lo adquiera el consumidor.
Entre la argumentación principal dada por la Sutel para justificar su posición está la existencia de un 5% de usuarios que consume el 45% de la red de Internet, afectando al restante, quienes se quejan de que nunca llegan a la cantidad de servicio pagado y se ha notado una disminución en la velocidad.
NO Y NO
Gisela Kopper, jerarca del Micitt, aseguró que esa instancia no es la competente para referirse a fondo de los alegatos en materia tarifaria, pues eso es una responsabilidad de la Sutel.
“Esta rectoría hace clara manifestación de que una medida como la que se encuentra en discusión tiene implicaciones de corte político, económico y social. Por lo anterior resulta altamente conveniente una amplia discusión con todos los actores interesados, de manera que la audiencia que se realice en el futuro sea un espacio de debate informado”, declaró.
Otro de los que alzaron la voz contra la posición de la Sutel es Guy de Teramond, exministro de Ciencia y Tecnología, quien es el presidente de la Academia de Ciencias y Tecnología.
Fue claro al indicar que “el modelo de cobro generalizado por descarga es estático y lineal, y es conceptual y técnicamente erróneo, pues no se considera, entre otros, el aumento en el uso de datos.
No considera el uso de tecnologías más eficientes como son 4G y la unidad sugerida no es la apropiada y genera confusión”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Viernes 19 Septiembre, 2014
HORA: 12:00 AM
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