La importancia de la vivienda de interés social

Un estudio realizado por el BID en el 2012, sobre la situación de la vivienda en la América Latina y el Caribe, señala que Costa Rica tiene el déficit habitacional más bajo de la región, con un 18%, a pesar de los movimientos migratorios que se dan a partir de la década de 1980 hacia nuestro país.

En dicho estudio, que aquí ha pasado inadvertido, Chile se ubica en el segundo lugar con el 23%, seguido por Brasil con el 33%, mientras que en el resto de los países centroamericanos ese déficit supera el 50%.

Desde la creación del sistema financiero para la vivienda, en 1986, se han entregado un total de 312.259 bonos de vivienda, es decir prácticamente 1 de cada 4 familias se ha beneficiado con el programa.

A muchos escapa el impacto económico de este programa. Según datos del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos, el sector habitacional representa el 41% de los metros de construcción autorizados y el porcentaje de permisos de construcción otorgados para las viviendas de interés social llega al 50% del total.

El efecto multiplicador de la inversión en vivienda de interés social es notable, sobre todo en la generación de empleo, así como su impacto anticíclico. En efecto, después de la crisis del 2008, cuando se da una caída en la construcción, especialmente la ligada al turismo en las zonas costeras, los programas financiados con recursos del sistema financiero para la vivienda se mantuvieron, evitando así una crisis más profunda.

Los datos del Instituto de Estadística y Censos sobre tenencia de la vivienda en el país son también reveladores. Según esta entidad, las familias que habitan en casa propia pagada representan el 63,39% del total y las que viven en casa que están pagando a plazos llegan al 9%, lo que suma un 72% de familias viviendo en casa propia. El total de familias que alquila alcanza el 18%.

Comparando estos datos con los de la Unión Europea se observa que en ese conjunto de países desarrollados el 65% de las familias vive en casa propia, mientras que un 29% alquila. (Desde luego debe hacerse la salvedad de las diferencias existentes en los tipos de vivienda en economías de niveles de desarrollo tan dispar.)

El sistema creado en 1986 tenía como prioridad la atención a las necesidades de la población de menores recursos.

Ese propósito se ha cumplido con un mínimo de filtraciones. Del total de los bonos pagados el 71,83% se dirigió al primer estrato de ingresos y el 23,83% al segundo, el 3,5% al tercero y solamente un 0,17% al cuarto y quinto, o sea que el 96% correspondió a la población de menores recursos.

Aún quedan desafíos propios de la época, como el de atender a sectores de la clase media, que se enfrentan a una oferta limitada para su capacidad de pago y a tasas de interés relativamente elevadas que encarecen el crédito.

El elevado endeudamiento de muchas familias que no les da acceso al crédito es otra de las dificultades para atender a este sector. También lo es el encarecimiento de la tierra, sobre todo en el Valle Central, lo que requiere un uso más ordenado del territorio y la densificación, es decir construir para arriba. El mejoramiento de las viviendas existentes es otra tarea urgente.

Queda la preocupación por la erradicación de los precarios. Para trabajar la informalidad urbana se requieren mecanismos flexibles, que se adapten a una realidad bastante compleja. No se trata de un problema exclusivo de vivienda sino que las carencias son múltiples: educación, salud, seguridad, servicios públicos y vivienda, entre otros.

Una población que además está constituida por numerosas familias cuya situación migratoria es ilegal (hace un tiempo se estimaba que la mitad de los pobladores en los precarios era de origen nicaragüense, eso complica la aplicación de la figura del bono para atender el asentamiento).

El bono comunal se creó en el 2006 con la finalidad de contribuir al mejoramiento de los barrios, donde más allá de la condición legal de los habitantes se puede invertir en mejorar la infraestructura del sitio, avanzar en la titulación y la recuperación de los espacios públicos, entre otras obras.

Uno de los mitos que se han creado es la concentración en pocas empresas en la ejecución de los proyectos.

En primer lugar debe señalarse que un 60% de las soluciones va dirigido a familias en lote propio, donde se da una multiplicidad de constructores. En segundo lugar se han desarrollado 442 proyectos a la fecha y en esto han participado 132 empresas constructoras.

La importancia social y económica del esfuerzo realizado en la vivienda de interés social en el país es incuestionable, y al observar los datos que fuentes objetivas han recabado es justo anotar este programa como una de las conquistas sociales de las que podemos sentirnos orgullosos, conscientes de que no hay que desmayar porque queda por hacer.

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Miércoles 17 Septiembre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Fernando Zumbado