Editorial
Para nadie es un secreto que los juzgados están repletos de casos, lo que implica un tiempo mayor de gestión y en ocasiones el dicho que la justicia es pronta y cumplida parece no tener mucho asidero.
Las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, quienes reconocen este inconveniente de demora, se han dado a la tarea de buscar opciones prontas, pero ante todo eficaces, que permitan administrar justicia sin necesidad de tardar años, o sentarse en los tribunales y comparecer ante un juez.
Es así como nace el programa de facilitadores judiciales, que busca a los líderes de las comunidades más alejadas del país para que ejerzan como mediadores y juzgadores. Una alternativa implementada en países como Nicaragua, donde alcanza cifras exitosas en resolución alterna de conflictos.
Es sencillo, el Poder Judicial está haciendo una apuesta importante a los “jueces de pueblo”, y la verdad nos parece muy acertada, pues en las comunidades costarricenses, donde no hay mayor acceso a las dependencias judiciales, los vecinos se sienten aislados, relegados y marginados del sistema, haciendo que sus conflictos se arreglen de la forma más rudimentaria.
Es obvio que esta institución no podría jamás tener una oficina en cada pueblo, tampoco jueces, fiscales y demás servidores que resolverían los casos; lo anterior hace que aquellos problemas entre lugareños sean asuntos sin resolver o bien acaben por las malas.
Quién no recuerda el caso de un hombre que mató a su vecino por las cacas de un perro, o el finquero que acabó con la vida de un empresario rural por temas de ganado o propiedades; bueno, eso podría haberse evitado tal vez si la justicia hubiese mediado con antelación.
Hoy esa posibilidad es real, existen en el país 151 personas, entre ellas agricultores, profesores, líderes de asociaciones, comerciantes y demás costarricenses que trabajan como facilitadores judiciales, son los “jueces del pueblo”, con total potestad para lograr acuerdos en pleitos de carácter contravencional.
La iniciativa es fascinante, permite a los ciudadanos participar de forma activa en el sistema de implementación de justicia, además es pronta y cumplida, como todos soñamos.
La labor de ellos no es sencilla, reviste de fundamental importancia pues sus acuerdos son avalados por un juez de la jurisdicción respectiva y como se dice en la jerga popular, se convierte en un pacto de caballeros.
Las localidades que ya gozan de este mecanismo de resolución están ubicadas en zonas rurales como Pococí, San Carlos, Boca Tapada, Guácimo, Siquirres, Los Chiles y Upala, también en Puntarenas y pronto en Pérez Zeledón. Es claro que acá el acceso a los servicios del Poder Judicial son limitados, los interesados deben viajar horas para interponer sus casos, los cuales llevarían meses o años en gestionarse.
Un aspecto novedoso del programa es que la propia comunidad elige a su “juez”. Lo hace en una asamblea, para decirlo de alguna forma, convocada por el Juez Contravencional de la dependencia más cercana, quien asume en sus horas extralaborales el compromiso de salir a “volantear” e informar de la reunión.
Una vez reunidos todos los vecinos, se postulan a los líderes reconocidos, y así en una votación de mayoría resulta el “juez” popular. La confianza y el respeto hacia esta figura son determinantes en la negociación y resolución del conflicto.
A hoy se han logrado gestionar casi 100 casos entre los que hay pensiones alimentarias y problemas de aparente usurpación.
El programa merece un reconocimiento, no solo permite el acceso a la justicia, sino que empodera a los ciudadanos que conocen más que nadie sus necesidades y las posibles soluciones en situaciones conflictivas.
Permite también que las personas apelen al diálogo, el análisis y arreglo antes de acudir a las instancias judiciales, lo que a su vez se traduce en menor tiempo de respuesta y un ahorro impresionante.
Ojalá el sistema siga creciendo, que el Poder Judicial pueda hacerse de muchos más facilitadores y dar respuesta a cientos de usuarios de sitios alejados.
Bien por esta iniciativa y más aún por aquellos hombres y mujeres que tienen un afán de construir paz, desarrollo y progreso en sus comunidades, de la mano de la ley, de forma eficiente y eficaz.
