El magistrado Román Solís es el presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), entidad pública conformada desde 1985 con el fin de coordinar y unificar los esfuerzos que se realizan en ese sector.
La Comisión inició en el 2013 el programa de participación ciudadana en en esa cartera, denominado Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales, cuya tarea es hacer efectivo el derecho de las comunidades; así como obtener información sobre los trámites y resolver los conflictos de una forma más rápida, en coordinación con las oficinas judiciales más cercanas.
Solís y la directora ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo, visitaron DIARIO EXTRA para contar cómo el programa mencionado es una forma de fortalecer la confianza en el sistema judicial, al dar respuestas más rápidas a las necesidades de los vecinos.
¿A qué se refiere con que la justicia no es exclusiva del Poder Judicial?
- Solís: La justicia es una área de trabajo que también tienen otras oficinas estatales, lo que es exclusivo del Poder Judicial es su acción jurisdiccional.
¿Cómo nace Conamaj y cuál es su objetivo?
- Solís: Nace mediante el decreto ejecutivo en 1985 y su meta es organizar los esfuerzos destinados a la administración de justicia. Una de sus principales funciones es buscar los medios para que las instituciones coordinen sus programas y optimicen los recursos con que cuentan, con el fin del mejoramiento de la administración de la justicia.
¿Qué es el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales?
- Solís: Son líderes comunales que sirven de mediadores entre dos personas en casos de asuntos menores, como por ejemplo, la molestia de un vecino porque el perro ladra.
¿Cuáles son las comunidades que pueden contar con este servicio?
- Solís: El programa está dirigido, por ahora, a comunidades rurales que están muy alejadas de las oficinas judiciales. Contamos con 151 facilitadoras y facilitadores judiciales en Ciudad Quesada, San Carlos, Boca Tapada, Puntarenas, Guápiles, Guácimo y Siquirres, Upala y los Chiles. En la primera semana de setiembre estaremos en Pérez Zeledón, para abrir el programa en la Zona Sur.
¿Cómo se escogieron esos sitios?
- Solís: Como ven son zonas geográficas muy lejanas de las cabeceras de provincia o cantón, con pésimos servicios de transporte público y nivel de pobreza fuerte; con desempleo o falta de tierra en algunos casos para trabajar. Son comunidades que necesitan que sus problemas sean resueltos.
¿Cómo funciona el programa?
- Solís: Nosotros hablamos con los jueces contravencionales de la zona y les proponemos que entren en el programa, porque es voluntario. Si el juez o jueza acepta participar se encarga de convocar a la comunidad para que realicen una asamblea ciudadana, donde escogen al facilitador o facilitadora.
¿Cuál es el perfil que buscan?
- Castillo: Tienen que ser líderes naturales, es decir, el dirigente comunal, la maestra del pueblo, que cuenten por sí solos, con el respaldo de su comunidad.
¿Cuáles son los requisitos de los facilitadores?
- Castillo: No pueden tener antecedentes penales, deben contar con el respaldo de la comunidad, no ejercer ningún cargo de seguridad, saber leer y escribir y brindar su servicio de manera gratuita.
¿Qué hace el facilitador o facilitadora y cuánta población cubre?
- Solís: Cada facilitador cubre unas 500 personas. Hay comunidades como en la Isla de Chira que se nombraron tres. El facilitador no se mete en asuntos de drogas, tampoco es un chismoso, menos un soplón de la policía y no se mete donde no lo llamen. No tiene el rol de un policía. Lo que hace es mediar entre dos personas o una persona y una institución para arreglar algún diferendo, antes de que llegue a un estrado judicial. Siempre contará con el apoyo y asesoría del funcionario judicial de la zona.
¿Cuál es el impacto que el programa ha tenido en los casos pendientes del Poder Judicial y cuál es el costo?
- Castillo: El servicio es muy joven para medir el impacto en la mora de los casos judiciales, pero más adelante sabremos cuál es su efecto en los despachos judiciales cercanos a la zona donde exista un facilitador judicial.
Efectivamente se hace una inversión en el traslado de los jueces a las comunidades y el apoyo logístico pero contamos con el apoyo financiero de la OEA; creemos que el costo es totalmente reversible porque la institución no tendría forma de llegar a estas comunidades. Con esto garantizamos el acceso a todas las personas a la justicia.
A parte de la mediación entre las personas, ¿qué otras cosas realizan los facilitadores judiciales?
- Castillo: Realizan una labor de acompañamiento a las personas ante las instituciones públicas, como por ejemplo solicitar que se le cumpla algún derecho de atención ante la municipalidad o el ICE. Además ellos deben dar charlas en las comunidades para que compartan lo que aprenden en los cursos impartidos por los jueces y los instructores de la Escuela Judicial.
¿Cómo se distingue el facilitador?
- Solís: Una vez que se gradúan en los cursos se les entrega unos distintivos como gorras y chalecos que dicen Sistema Nacional de Facilitadores Judiciales, Luis Paulino Mora, Poder Judicial de Costa Rica, junto con un maletín que incluye toda la documentación para el ejercicio de sus funciones. Además se les entrega un carnet donde se pide a las autoridades que les faciliten el trabajo.
¿Cuál es el beneficio para los vecinos?
- Castillo: Para algunos poner una denuncia les puede costar hasta ¢20 mil trasladarse hasta una oficina judicial, por otro lado, la justicia contravencional es muy cara para el Poder Judicial porque hay juzgados en todo el país. Según la estadísticas un juicio de estos para que resuelva tarda 5 meses y dos semanas, mientras que el facilitador puede tardar dos días en encontrar un acuerdo entre las partes.
¿Cómo medirán el impacto del programa?
- Castillo: El facilitador tiene varios formularios que debe llenar en cada caso que atienda y entregar un informe mensualmente al juzgado correspondiente. Esa información se registra en las estadísticas del sistema del Poder Judicial y luego tendremos cómo evaluar el impacto en los despachos judiciales.
¿Qué pasa en los casos en que alguna de las partes incumple el acuerdo?
- Castillo: Se continúa con el procedimiento ante la instancia judicial correspondiente. Los casos en que sí se llegó a un acuerdo se archiva, pero no abre un expediente judicial porque esa es la idea.
¿Cómo hacen las comunidades que quieran participar en el programa?
- Castillo: Pueden comunicarse 2295-3276.
PERIODISTA:
CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Miércoles 27 Agosto, 2014
HORA: 12:00 AM
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