Editorial
La Sala Constitucional nuevamente se ve obligada a intervenir para que un ciudadano tenga acceso a uno de sus derechos básicos, la educación, ya que el sistema costarricense, que asegura ser el principal defensor de la enseñanza, sigue sin dar respuestas a problemas específicos.
Cuántas veces no hemos escuchado a los políticos, en sus discursos demagógicos, insistir en que no puede haber un solo niño en el país sin educación. Pero cuando ese único estudiante llega exigir este derecho, le dicen que no pueden ayudarle porque para ello requieren que otros, en su misma situación y que vivan en la zona, también necesiten el mismo servicio. Entonces, ¿si un solo niño es analfabeto, como no altera las estadísticas, no importa?
A pesar de que las normas o reglamentos se escribieron para una colectividad, su uso es de manera individual. De manera que deben ser aplicados según las circunstancias propias de cada persona. Y la ejecución de un derecho no debe estar basado únicamente en cálculos matemáticos, que si me es rentable o no abrir un curso por un único estudiante, porque él tiene derecho a aprender.
La educación siempre es deficitaria. Se requiere contar con infraestructura y recurso humano, que es sumamente caro para el Estado mantener, pero al final le revierte a la sociedad con creces. ¿Quién puede decirnos si este muchacho que ganó el recurso de amparo para que le abran un espacio en un centro educativo con el fin de seguir aprendiendo no se vaya a convertir mañana en un científico famoso que descubra la vacuna contra el ébola, el sida o el cáncer?
El Gobierno tiene la obligación de velar porque ese ciudadano, aún siendo menor de edad, sea tratado con el mismo respeto y consideración que un adulto. Su historia de vida ya es de por si difícil, pues según indica el fallo de la Sala, no estudió porque no lo deseara, sino por la situación familiar que le tocó vivir, no tuvo un domicilio fijo que le permitiera realizar un año completo en un mismo centro educativo, lo cual incidió negativamente en sus calificaciones. Y ni qué decir en su rendimiento académico. No obstante, nunca fue su culpa. Él no provocó que sus padres se separaran, que se peleara una custodia y sus progenitores cometieran los errores que desencadenaron que tuviera que ser internado en un hogar del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Incluso, si el joven que hoy se encuentra exigiendo su derecho a la educación hubiera decidido no estudiar, producto de su misma inmadurez, el Estado sigue estando en obligación de atender su necesidad, sin cuestionamientos.
La educación costarricense es ejemplo para el mundo. En donde a pesar de que no se destina el 100% de los recursos que la ley ordena, lo cierto es que miles de millones de colones son invertidos anualmente para que todos los niños, jóvenes y adultos puedan aprender y de esta manera tener un futuro mejor. Es por ello que este tipo de situaciones empañan el buen quehacer de los ticos. Y ni qué decir en las comunidades indígenas, donde la preparación académica más que un derecho es un tema de suerte.
Es necesario que los gobiernos, independientemente del partido político que lideren, vean este como un tema país y no como algo para atraer más votos.
Pero no estamos hablando de cualquier tipo de enseñanza, sino una de calidad, donde todos los alumnos aprendan un segundo idioma, reciban todas las materias y estén seguros que cuando salgan tendrán las mismas oportunidades de quienes están en centros educativos privados de poder acceder a una carrera universitaria.
Esa es la Costa Rica con la que todos soñamos, la que nos merecemos y por la cual pagamos nuestros impuestos.
