Un sinfín de demandas enfrenta la empresa de buses Transportes Cementerio-Sabana (Trancesa S.A.), que cubre la ruta del mismo nombre, luego de despedir a 11 dirigentes sindicales en un proceso poco claro. Pidió la autorización al Ministerio de Trabajo, sin embargo le fue rechazada y aun así procedió.
“El Ministerio rechazó la solicitud pero no hizo nada para evitar los despidos, se quedaron con los brazos cruzados, como siempre”, declaró a DIARIO EXTRA Francisco Campos, del Sindicato Nacional de Conductores Especializados y Afines (Sinacoesa).
Campos confirmó que esta empresa y algunas más están despidiendo a los trabajadores y se hacen asesorar por inspectores del Ministerio de Trabajo que les redactan las cartas de despido y toda clase de solicitudes, así se evitan inconvenientes.
Alberto Chacón, abogado de los despedidos, comentó que todo empezó cuando Trancesa S.A. le pidió a Trabajo el permiso para despedir a 11 choferes porque se estaban sindicalizando y no quería un sindicato. No obstante, se lo rechazó porque los Tribunales de Justicia resolvieron en reiteradas ocasiones que no es posible.
“No obstante los empresarios se hicieron asesorar de uno de los inspectores de esa cartera para que les redactara una nueva solicitud aduciendo faltantes en las barras, pero no dan ningún detalle ni prueba”, agregó Chacón.
Campos explicó que hay testigos y hasta fotografías de la llegada cada semana del inspector a las oficinas de esa empresa y nunca siquiera entrevistó a los trabajadores sino que andaba en otras labores.
Pero el caso no acaba ahí sino que el gerente-contador de Trancesa S.A., a sabiendas de todas las irregularidades y que el pecado de los choferes era formar su sindicato, se negó a despedirlos y formar parte de la trama. Eso le costó el puesto.
No obstante, al sospechar que eso iba a ocurrir sacó copias a los documentos que prueban una defraudación fiscal de más de ¢2 mil millones, por lo que ya interpuso la denuncia ante el Ministerio de Hacienda, según confirmo Chacón.
Además recurrió a los Tribunales de Justicia junto con los otros despedidos para exigir el pago de sus prestaciones y salarios caídos. Solo el gerente (cuyo nombre nos reservamos) pide ¢37 millones en prestaciones, monto que se duplicaría con los salarios caídos.
Los otros trabajadores reclamarían una cifra similar, según informó el defensor de los choferes.
“Ya los Tribunales han fallado más de una vez sobre casos similares por cuanto son despidos que solo se hacen para evitar que surja el sindicato. De seguro más adelante pediremos el embargo de todos los buses y demás bienes de la empresa”, concluyó Chacón.
En Trancesa S.A. primero dijeron que ahí no se produjo el despido de 11 trabajadores, luego el funcionario Fernando Rodríguez explicó que el gerente estaba reunido con sus abogados y haciendo gestiones, por eso no podía atendernos, pero que de publicar algo al respecto procederían legalmente.
