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Nacionales

“Nadie va a doblarme el brazo”

Marta Acosta, contralora general de la República, en compañía de Mariela Azofeifa, asesora de prensa, conversó sobre el costo político de las acciones del ente contralor, con Iary Gómez, gerente gener

Vigilar el uso de los recursos públicos está en manos de la Contraloría General de la República, una tarea que  según confiesa la contralora Marta Acosta, tiene una alto costo político. 

 

Sin embargo asegura que nadie le logra doblar el brazo,  a pesar de que en este momento tiene que sortear exigencias en la confidencialidad de informes, demandas de las mismas instituciones públicas  y una suspensión temporal de la capacidad sancionatoria. 

 

En conversión con DIARIO EXTRA, la contralora reveló como mantiene firme el auditoraje de las finanzas del Estado. 

 

¿Qué ha detectado la Controlaría General de la República en el manejo de los recursos del Estado? 

 

-La Controlaría ha venido detectando evasión y lo hemos venido diciendo, morosidades importantes por ejemplo el caso de las municipalidades con ¢84 mil millones, el caso del Inder con un 59%, las prescripciones de las cuentas por cobrar en el caso de Fodesaf donde se definieron miles que a criterio de la Contraloría no estaban prescritas.  Hay tasas que no se actualizan, lo que cobran algunas instituciones públicas por sus servicios, no se hace de manera periódica o regular en el caso de las municipalidades. Tenemos registros que algunas no han actualizado sus tasas en 5 años de recolección de basura y cuando lo quieren hacer le dan un leñazo al ciudadano, muchos no lo quieren hacer por costo político.  En  la parte de gestión de ingresos no hay una apropiada toma de decisiones, pues algunas que se toman sin información confiable, veraz y actualizada, de manera tal que muchas se basan en  creencias o supuestos, incluso con presiones, por lo que no son eficientes y hasta ilegales.

 

¿Por qué no se toman esas decisiones?

 

-El país no toma decisiones estructurales y de fondo  porque tienen un costo político, el Consejo Nacional de la Producción (CNP) es un caso que se le viene inyectando dinero, es una institución que ha vendido edificios, terrenos para sobrevivir, al igual que  el INVU  y no se toman decisiones. Vamos como país a seguir arrastrando esas ineficiencias, y esos costos tan altos mientras no se tomen las decisiones.

 

La Contraloría evidencia estas irregularidades, ¿y no hay eco?

 

-Hay todo tipo de intereses en esto. Hasta el momento  no hemos visto esa voluntad de cambiar el modelo de remozar las instituciones, en el INVU por ejemplo  han venido con un programa de modernización desde hace un  año, en el año pasado se le inyectaron ¢5.800 millones  y sin embargo no hemos visto resultados. Esos son temas, que a  nosotros nos da la tranquilidad de que lo hemos venido advirtiendo, pero nos preocupa que no se tome decisiones. Si no se toma el toro por los cuernos, que conllevan costo político no vamos a salir adelante,

 

¿Qué significa para usted luchar con ese costo político?

 

- Hay que tomar decisiones aunque tengan un efecto negativo en mí, hay decisiones que no son populares. No es popular cerrar una institución. 

 

¿Se ha sentido presionada?

 

-Yo nunca me he sentido presionada, yo siempre hago lo que tengo que hacer, digo lo que creo que tengo que decir, siempre de una manera cortés, a mí nadie ni  nada me hace perder la calma, ni doblarme el brazo.

 

En ocasiones se acusa a la Contraloría de llegar a inspeccionar tarde, cuando ya está  el “chorizo”. ¿Qué opina?

 

-Hay decisiones que toma la administración, la Contraloría no puede coadministrar o tomar decisiones, estar diciendo a la administración  ¡esto no! estaríamos yendo más allá de nuestras competencias. El ámbito nuestro se limita al tema de Hacienda Pública, a veces el jerarca es responsable del control interno,  a veces se nos endilga por qué no estuvo, por qué no lo vio y la Contraloría no es ni omnipotente  ni omnipresente. Yo quisiera estar en todos los ojos, pero no se puede, tendemos que seleccionar por riesgo, por presupuesto. 

 

¿Pero llega tarde? ¿Cuál es su criterio cuando una institución  como Recope los demanda, ahora mas bien por intromisión?

 

-Cuando la Contraloría llega tarde el control es posterior, mucha gente dice ya para qué, pero eso es bueno para el tema preventivo y sancionatorio. El control posterior es importantísimo. En el tema de la demanda quiero decirle que en este momento la Contraloría tiene 129 juicios en curso, no es nada nuevo para nosotros, después de que hacemos el esfuerzo por llevarle a la ciudadanía nuestros informes tenemos que ir a defendernos, porque hay una tendencia a judicializar el control. A nosotros no nos tiembla la mano, vamos para delante porque estamos bien sustentados técnicamente en lo que decimos y  hacemos.

 

Se les acusa de paralizar proyectos con sus informes.... 

 

-En el caso de Recope, nosotros nunca paralizamos el proyecto,  dijimos ese informe de factibilidad no puede ser utilizado, pasó más de un año y ya pudieron haber hecho otro.

 

En casos polémicos como el  de la Trocha Fronteriza, ¿cómo avanza?

 

-La Contraloría abrió un procedimiento administrativo que está suspendido a raíz de unas impugnaciones a artículos sobre la potestad sancionatoria. Nuestra potestad sancionatoria está impugnada, están suspendidos 178 procesos.

 

¿Hay instituciones que solicitan confidencialidad en los informes?

 

-La Ley 8.660 da prerrogativa a empresas del Grupo ICE para que declaren confidencialmente por efectos de competencia, hay informes que hemos emitido que ellos han declarado confidenciales.  Entonces en la memoria exponemos eso como una limitación a la labor de la Controlaría en el sentido que nosotros podemos accesar la información, el problema se da la hora de divulgar los informes que no podemos hacerlos de conocimiento de la ciudadanía, ni de los medios porque existe ese marco legal que le da a ellos esa prerrogativa. En temas financieros, presupuestarios y contables a pesar de que la Contraloría no considera que esto sea un secreto industrial ni mucho menos, hemos tenido que resguardar la confidencialidad  porque el ICE así lo pide.

 

¿Qué otras instituciones le han requerido esa confidencialidad?

 

-Racsa, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, en algún momento lo solicitó Correos de Costa Rica pero no por la Ley 8.660, sino por otra ley que obviamente la Controlaría lo rechazó y publico el informe. Esto  no permite que la ciudadanía conozca algunos temas. 

 

¿Qué abriga esta ley?

 

-La Ley 8.660 es de la apertura de telecomunicaciones. Esta ley fue hecha en la administración Arias Sánchez, cuando se aprobó el TLC, estas son las leyes complementarias. 

 

Es una ley poco transparente, ¿qué le parece?

 

-A nosotros nos parece que no poder informarle a la ciudadanía de esto es limitar la transparencia, es no llevar luz a las acciones de la institucionalidad pública, ustedes saben que la  transparencia es fundamental para evitar temas de corrupción. Un ciudadano bien informado es un alguien que puede ejercer un buen control social, hacer una buena denuncia pública, entonces uno ve esto como limitaciones al control. 

 

La Contraloría resguarda la Hacienda Pública, ¿qué opina de las señales del nuevo gobierno para enfrentar el déficit fiscal? 

 

-La Controlaría ha dicho que se deben tomar medidas de alto impacto, que son impostergables, de otro modo estaríamos comprometiendo las operaciones del Gobierno Central y del Estado costarricense para generar los bienes y servicios que requiere la ciudadanía. Si el Gobierno ha decidido que se va a tomar dos años y que está valorando, es un tema de competencia del Gobierno; sí opinamos que las medidas son urgentes. 

 

¿Qué son para al Contraloría medidas de alto impacto?

 

-Medidas de alto impacto para la Contraloria es revisar ingresos, mejor cobrador,  actualizar tasas, precios, menos evasión, revisión de programas que no están generando, revisar las exoneraciones que son el 5,8 PIB, revisar el sistema de empleo público.

 

¿Qué señalaría como un talón de Aquiles en el tema de contrataciones administrativas?

 

-Un talón de Aquiles que hay en la institucionalidad pública es la planificación. No se planifican proyectos, no hay una visión de largo plazo. Entonces está el tema de las apelaciones, y muchos contratistas apelan con justa razón,  otros lo hacen por atrasar el proceso, la contratación  es un foco de corrupción, no es ningún secreto que contratistas se ponen de acuerdo.

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CRÉDITOS: Foto: David Barrantes

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Miércoles 20 Agosto, 2014

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