La Municipalidad de Liberia en Guanacaste busca el apoyo de diputados para encontrar una solución y colocar de manera adecuada las 60 toneladas de basura que produce al día.
“La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) y el Ministerio Ambiente y Energía (Minae) nos han puesto muchas limitantes, aunque sabemos que el Ministerio de Salud ha reconocido la problemática, generalmente afectan los proyectos de tratamiento de basura, entre ellos Coopeguanacaste”, dijo Luis Castañeda, alcalde de Liberia.
El proyecto Coopeguanacaste construye una planta en la que a partir del tratamiento de los residuos crearía energía eléctrica, este procesaría la basura de Nicoya, Carrillo y Liberia sin costo, pero con la prohibición del Minae se paralizaron las obras y las municipalidades deben buscar otros destinos para los residuos, además asumir los costes de transporte.
En un decreto publicado el 26 de junio en La Gaceta, con el deber de garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con el principio precautorio establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos, se establece una moratoria nacional a las actividades de transformación de residuos sólidos ordinarios.
De ahí que sea legalmente imposible continuar con esos proyectos, lo que representa un inconveniente para las municipalidades, no solo de Guanacaste, si no de todo el país.
“Nos preocupa que se empiezan a dar notificaciones de cierre de botaderos en Guanacaste, eso implica que los cantones de esa provincia tendrían que llevar la basura a rellenos privados, en los cuales tendrían que pagar, además de asumir mayores costes de transporte para llegar a esos rellenos”, comentó el diputado Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana, quien dirige la comisión legislativa de Guanacaste.
“Nos estamos quedando sin opción para dar la respuesta que requieren las municipalidades para basura, después de la reunión hemos concluido darle ciertos planteamientos al Gobierno para que sean atendidos con agilidad”, afirmó Leiva después de reunirse con un asesor del Minae y un representante de Coopeguanacaste.
De dicha conversación surgió una serie de solicitudes que se plantearán al Gobierno, entre ellas una extensión a los plazos para los cierres de los vertederos del país, derogar la moratoria firmada por los ministros de Salud y Ambiente y un compromiso para que las instituciones den trato especial a los permisos correspondientes de estos proyectos.
También piden al Gobierno que emita un decreto de emergencia sanitaria en relación con los vertederos de basura tradicionales para que puedan tener más agilidad en las tramitologías.
