La oficina de cómputo de pena perteneciente al Instituto Nacional de Criminología tiene alrededor de 7 mil expedientes de privados de libertad que no se tramitan, lo que ha generado malestar generalizado entre las partes.
Dichos documentos tienen información valiosa de los reclusos como el tipo de delito que cometieron, la sentencia que descuentan, si es de primer ingreso y el tribunal que los condenó. Sin embargo, esa información no está a su alcance debido, al parecer, a la falta de personal en esa oficina.
Pero ese no es el único problema que enfrenta el Ministerio de Justicia y Adaptación Social, las constantes renuncias de quienes han ocupado la jefatura de la oficina han ocasionado inestabilidad en el departamento. Desde mayo del 2014 a la fecha han pasado varios funcionarios que se han marchado por diferentes circunstancias, se presume que para los próximos días llegará Yamileth Valverde, exdirectora de la cárcel de Pérez Zeledón que en su momento fue investigada por presuntas irregularidades.
La falta de apoyo de los jerarcas, que en su mayoría han estado durante años, ha ocasionado que el faltante de las fichas jurídicas aumente día a día, donde dos únicas personas son las encargadas de tramitar para todo el país el documento que está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Criminología.
Datos de las autoridades judiciales arrojan que todos los días se emiten aproximadamente 60 sentencias, solo lo correspondiente al el mes de mayo alrededor de 200 testimonios de sentencias no han sido procesados en el sistema.
Cada vez que el privado de libertad, su abogado o familiar las solicitan para sus respectivas diligencias, se les otorga un cálculo provisional y en algunos casos hasta incompleto, dada la falta de la ficha jurídica.
En el año 2010 se invirtieron varios millones de colones en el programa llamado Siap que consistía en “jalar” la información de los tribunales de justicia a la oficina de cómputo de pena y llevar registros de los privados de libertad, sin embargo, eso no se logró debido a que el sistema se cae, pasa prácticamente en reparación, por lo que pareciera que la plataforma no es la adecuada.
ES LA CÉDULA DEL REO
La ficha jurídica es como la cédula de cada privado de libertad, debido a que contiene los datos básicos sobre su situación. Ahí podrá ver cuándo solicitar la libertad condicional, en caso de extranjeros, cuando se le puede otorgar la extradición, darles salidas a funerales y hospital y la valoración del tercio de la pena, entre otros beneficios que tiene el reo.
Fuentes cercanas al caso aseguraron a DIARIO EXTRA que el dinero que se destinó para las mejoras del sistema y otros fines no se está utilizando y los jerarcas, al parecer, solicitan a los funcionarios que trabajen horas extras para dar abasto, situación que es evidente que no se solucionará de esa manera y más bien se necesita la contratación de más personal y la adquisición de recursos.
Nuestra garganta profunda aseguró que Cristina Ramírez, ministra de Justicia, desconoce el desorden que tienen sus subalternos por lo que se espera de parte de la población carcelaria un arreglo pronto a la situación que viene desde hace años y que nadie ha querido hacer nada.
