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Opinión

Editorial

Son pocas las personas que conocen a quienes realmente dan vida y permiten el funcionamiento de los centros educativos del Estado, se trata de los miembros de las juntas de educación o juntas administrativas.


A pesar de que algunos de sus integrantes no tienen hijos estudiando en ese lugar, dedican parte de su tiempo a velar por que los hijos de otros cuenten con los recursos necesarios para sacar adelante la tarea.


Es precisamente para realizar esta labor que las juntas suelen tener acceso a millones de colones que deben distribuir de la mejor manera y sin la tentación de sacar beneficio propio.


Los que deberían ser los héroes, porque logran sacarle hasta el último rendimiento al poco dinero que tienen, han pasado a ser sospechosos de meterse a la bolsa parte de estos recursos. Muchos de ellos más por ignorancia que por mala intención, pero si son descubiertos el delito es el mismo.


Ellos son los responsables de administrar los recursos que gira el Ministerio de Educación Pública (MEP), especialmente aquellos que van destinados a los comedores escolares.


No obstante, de la mano con la directora son quienes marcan las prioridades en infraestructura y materiales que la escuela o colegio requiere.


No es falso asegurar que en ocasiones los directores envían ternas para completar estos puestos, incluyen personas que por su baja escolaridad son fácilmente influenciables, a fin de no perder el control sobre lo que se hace en el centro educativo y que sean sus intereses y no necesariamente los de la comunidad estudiantil los que se impongan.


En el mundo ideal se podría decir que las juntas son el cerebro de la organización, ya que los directores no podrían mover un dedo en el mejoramiento o desarrollo de la escuela si este órgano no estuviera de acuerdo, por eso es muy importante determinar quiénes asumirán estos puestos, situación que en la vida real no se da.


Esto ha llevado a que el MEP ejecute una serie de cambios en el reglamento de las juntas para evitar que directores o docentes puedan hacer de las suyas con las aportaciones del Estado. No obstante, de nada sirve el cambio en el reglamento si no se capacita a los miembros de las juntas.


Es hora de que el gobierno tome conciencia en este punto y comience a invertir más, incluso de la mano de la empresa privada, para sacar adelante la tarea, profesionalizando a las personas que serán responsables de administrar estos recursos.


Además hay que tallar a quienes no estén efectuando bien su trabajo y hagan fiesta con los dineros del Estado.


No olvidemos que hablamos de recursos públicos, por eso es necesario identificar a quienes podrían usarlos inapropiadamente, primero orientándolos, y si el problema continúa, haciendo que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

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Martes 29 Julio, 2014

HORA: 12:00 AM

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