Editorial
Dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones y al parecer en Costa Rica esta es la tónica de lo que ha venido sucediendo desde las administraciones anteriores en el tema de migración. Luego de más de 20 meses de estar aplicándose los transitorios migratorios, ahora el Gobierno anunciará una nueva extensión sin que realmente se analice la verdadera razón por la que a la fecha este no ha cumplido con las expectativas.
Desde hace dos años, el gobierno Chinchilla Miranda implementó un estilo de “amnistía” para que todos los migrantes que se encontraban de manera irregular pudieran poner sus papeles en orden de manera más rápida y a un costo menor.
En ese momento, este constaba de cuatro transitorios, los tres primeros eran de carácter personal y en el cuarto se involucraba a los empleadores, situación que ha venido complicando el proceso migratorio.
Ya que no solo tiene implicaciones para el patrono, de tener que dar a conocerles a sus empleados información sensible para él como son sus ingresos personales, sino que además representa tiempo que al final no se le puede dejar de pagar al colaborador, a pesar de que no fue productivo.
No obstante, este nunca debió haber sido contratado por no contar con los requisitos mínimos de ley, de manera que si el jefe quiere mantenerlo en el puesto deberá darle no solo el tiempo, sino ayudarlo a cumplir con lo que se le está pidiendo.
La construcción, la agricultura y el servicio doméstico son las tres actividades donde se encuentra la mayor cantidad de migrantes sin permisos para permanecer en suelo nacional.
Por ello la administración puso sus ojos en estos sectores, pero sin tomar en cuenta que no tiene y probablemente no tendrá la plataforma necesaria para la verificación del cumplimiento de la norma.
A pesar de que la iniciativa de los transitorios es muy loable, lo cierto es que no necesariamente cumplirá con las expectativas planteadas inicialmente, a menos que las autoridades de gobierno hayan sido conscientes desde el inicio del proyecto de que solo aquellos de buena voluntad son los que harían el trámite correspondiente.
Además los empleadores se tienen que enfrentar a un castigo adicional cuando aceptan “ayudar” a su subalterno, ya que como mínimo tendrán que pagar los seguros a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las multas correspondientes, las cuales por lo general superan los miles de colones.
La infraestructura de Migración sigue siendo muy débil, ya que no cuenta con el apoyo de las otras instituciones del Estado, que en un primer momento fueron parte de los titulares en los medios de comunicación, pero que cuando se dieron cuenta de la magnitud del problema y de los recursos que se requerían para cumplir con sus obligaciones, mejor se hicieron humo y con solo algunas excepciones, han venido fiscalizando a las empresas para que pongan en orden a sus colaboradores.
Costa Rica es un crisol de nacionalidades, donde la mayoría de los extranjeros vienen en búsqueda de más y mejores oportunidades laborales, ya que en sus países no cuentan con estas opciones.
Es cierto que debemos exigir que las personas se pongan en regla con la normativa nacional, pero para que esto sea efectivo, en necesario que exista una plataforma de control a posteriori.
Si el país no está preparado para ello, entonces lo lógico es comenzar por ahí para que cause los efectos deseados.
No se trata de perseguir a los empleados, sino por el contrario, obligar a los patronos a cumplir con sus responsabilidades sociales y no hacerse millonarios a cambio de una esclavitud solapada.
