Melvin Jiménez tendría los días contados en su cargo de ministro de la Presidencia porque según la Procuraduría General de la República dicho nombramiento, hecho por el presidente Luis Guillermo Solís, sería contrario a la Constitución Política y por lo tanto ilegal.
La bronca de Jiménez es que lo nombraron ministro de gobierno a pesar de ser obispo de la Iglesia Luterana. Según la Carta Magna, para ejercer dicho cargo se debe ser del estado seglar.
Esto dio pie para que un ciudadano interpusiera una acción de inconstitucionalidad ante la Sala IV, que a su vez solicitó a la Procuraduría, el abogado del Estado, que emitiera un criterio al respecto.
La Procuraduría sostiene que el nombramiento de Jiménez es contrario a los artículos 75 y 142 inciso 3 de la Constitución, ante lo cual recomienda a la Sala acoger la acción de inconstitucionalidad.
Esta posición no es vinculante para el tribunal constitucional. La Procuraduría es vista como un órgano asesor, sin embargo tendría cierto peso a la hora de que los magistrados estudien y analicen el caso.
Si por la víspera se saca el día, se podría deducir que Jiménez tendría los días contados en el Ministerio de la Presidencia, incluso se dice que el ambiente a lo interno de la Sala no le es muy favorable. No hay una fecha establecida para resolver esta acción.
¿QUÉ DICE LA PROCU?
El presidente Solís justificó este nombramiento explicando que la regla de la secularidad solo aplicaría a los obispos de la Iglesia Católica, sin embargo en el pronunciamiento se detalla que se debe aplicar por igual a todas las religiones.
Dicho informe hace referencia al espíritu del legislador constitucional de 1949 para asegurar que “el término seglar es muy amplio y cobija no solo a los miembros de la Iglesia Católica sino a los ministros de todos los cultos”.
Otro de los argumentos que se dieron para la defensa del obispo es que este habría renunciado a su cargo en la Iglesia Luterana, lo cual fue cuestionado en el pronunciamiento de la Procuraduría.
“La dispensa concedida a favor del señor Ministro no resuelve el problema de incompatibilidad en la medida que parece conservar el vínculo clerical con su iglesia, tan solo liberado o dispensado de las obligaciones propias de brindar el servicio sacerdotal o culto”, explicaron.
DISCRIMINAR
El procurador adjunto Alonso Arnesto indicó que “el criterio de la Procuraduría fue en el sentido que el acuerdo presidencial por el nombramiento de don Melvin presenta roces de inconstitucionalidad”.
Este informe se remitió a la Sala el pasado 16 de junio. “Se toman en cuenta dos consideraciones: primero, que no cumple con los requisitos del 142 inciso 3 de la Constitución, el cual establece que para ser ministro se exige ser del estado seglar, y no se está cumpliendo”, comentó.
Insistió en que aplicar este requisito solo a los obispos de la Iglesia Católica resulta discriminatorio.
CONCENTRADO EN EL TRABAJO
La reacción del ministro Jiménez no se hizo esperar y subrayó que “es respetuoso del proceso y de la instancia que lo está conociendo”, explicó mediante un escueto comunicado de prensa.
“Sigo concentrado en las acciones de gobierno y en el trabajo que estamos desarrollando para dar respuesta a los desafíos que los costarricenses nos han encomendado. Esa es mi mayor motivación en este momento”, indicó.
SOLÍS DICE
Mientras tanto Solís resaltó que esta es una posición de la Procuraduría, “que yo respeto mucho, no es la opinión del Presidente, de la administración, pero es de esa entidad, que sumará en el proceso que está en curso, y que puede o no tener incidencia en el proceso"."No quiero especular, me parece que debemos esperar a que se resuelva la acción de inconstitucionalidad. Hay un punto de vista que se conoce, lo administraremos con mucha responsabilidad, no es algo que nos agobie a don Melvin y a mí porque sabemos que tenemos un caso sólido", finalizó
