Un juez de la República de apellido León fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la dirección funcional del Ministerio Público como sospechoso de apoderarse de ¢2.320.000 de dos fianzas que interpuso mientras trabajaba.
La captura del funcionario judicial se efectuó en horas laborales, mientras estaba en un apartamento que alquilaba en Liberia, cuando de forma simultánea se allanaban la oficina del Juzgado Penal de Upala y su despacho en los Tribunales de Cañas.
Según la investigación, el primer hecho se registró el 29 de octubre del 2013, cuando León era juez en el Juzgado Penal de Upala y estando disponible atendió el caso de una persona que tenía orden de captura por una causa penal.
Tras el debido trámite, el acusado ordenó el pago de una fianza de ¢2 millones que el imputado canceló, no obstante León al parecer no hizo el depósito judicial correspondiente en la cuenta bancaria ni lo dejó en la caja fuerte.
El otro supuesto delito se produjo en abril del 2014, cuando el León estando también disponible atendió el caso de una persona que tenía orden de apremio, es decir, por no pagar la pensión alimentaria a tiempo.
El detenido canceló ¢320 mil al juez, quien se sospecha no depositó ni entregó el dinero a la beneficiaria de la pensión, por lo que esta reclamo para que le dieran lo correspondiente, a lo que el juez accedió posteriormente.
Ambos hechos fueron denunciados por el personal de Control Interno del Poder Judicial, quienes actuó de manera inmediata para abrir el proceso que llevó ayer a la serie de allanamientos que terminaron con la captura del juez.
CORTE CON MANO DURA
Zarella Villanueva, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ordenó de inmediato al Tribunal de la Inspección Judicial la apertura del procedimiento disciplinario con apego a las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el debido proceso y principio de inocencia.
El 22 de julio del 2014 dio la orden a la Auditoría Judicial para que interviniera el Juzgado Penal de Upala, se dieran las recomendaciones y directrices en el control de los procedimientos internos.
DIARIO EXTRA supo que León trabajó como fiscal y juez en Golfito y Puntarenas, donde dejó una buena imagen, sin embargo algunos de sus compañeros que se reservaron el nombre coincidieron en que es un funcionario intachable.
Pero lo que pudo ser la avaricia pudo más y ahora enfrenta un proceso judicial por dos delitos de peculado.
Será el Tribunal Penal de Hacienda quien determine hoy su situación jurídica, posiblemente le aplique la suspensión del cargo y no acercarse a testigos ni víctimas de los casos que se investigan.
Lo anterior porque el funcionario posee arraigo familiar establecido por la ley para evitar ir a prisión, pese a que fue detenido ayer y permanecerá en una celda hasta que un colega le resuelva.
