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Opinión

Los archivos son los aliados estratégicos de un buen gobierno

En el plan de gobierno 2014-2018 del Partido Acción Ciudadana (PAC) se puede encontrar que uno de los pilares definidos en ese plan se relaciona con la “lucha contra la corrupción y fortalecer un Estado transparente y eficiente”. Una de las acciones que se definieron en ese plan de gobierno fue “proponer e impulsar un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que desarrolle sistemática y coherentemente el derecho de acceso a la información de interés público que defina claramente los límites y alcances del secreto de Estado y garantice al ciudadano mayor transparencia en la gestión pública”.


La propuesta del PAC implica tener claridad en tres conceptos. En primer lugar, cuando se habla de transparencia en la gestión pública es necesario comprender que ese concepto es un principio administrativo. Es decir, es un valor permanente que debe estar en los medios para materializar el fin del Estado; la transparencia es un bien común y la garantía de los derechos ciudadanos. Asimismo, puede entenderse como la forma de recibir o tener acceso a la información.


El segundo concepto es la transparencia administrativa. El concepto está relacionado con el nivel de organización y apertura de las instituciones que tienen funciones públicas o manejan recursos del Estado. El fin es que todos los interesados o ciudadanos utilicemos las disposiciones y medios establecidos para conocer, interpelar, cuestionar y modificar las acciones estatales.


El tercer concepto que se debe considerar es el acceso a la información. Al igual que la transparencia, se trata de un derecho fundamental que ha sido reconocido internacionalmente. También es conocido como el derecho a saber o la libertad de información y se refiere al derecho que toda persona tiene de solicitar y recibir información de entidades públicas. Esto también obliga a dichas entidades a publicar sobre sus funciones y gastos de manera proactiva y es esencial para defender otros derechos fundamentales, a fin de fomentar la transparencia, la justicia y el desarrollo de un país como pilar de la democracia y el buen gobierno.


No se puede olvidar que alrededor de los principios de transparencia y acceso a la información está el de legalidad.


La transparencia puede evidenciar el cumplimiento o no de la legalidad de un proceso o una gestión, pero si el marco legal es insuficiente, confuso o contradictorio, la transparencia quedará obstruida y falseada.


La información que necesita la transparencia es aquella que facilita el conocimiento, es decir, la que permite entender un fenómeno o acción, que lleva a entender la relación causa-efecto de un proceso o evento. Por eso la información debe estar disponible, ser precisa y estar organizada.
Lamentablemente no siempre sucede así para propiciar ese conocimiento, dado que en algunas instituciones se perciben los archivos como simples bodegas de documentos, oscuras, húmedas, empolvadas y sin ninguna importancia.


Es importante que los jerarcas de las instituciones, y en particular el nuevo gobierno, comprendan que el proceso de información debe ser planificado y transversal a toda la organización. Por lo tanto, el papel de los archivos es fundamental como garantes del acceso a la información y para fortalecer un Estado democrático, transparente y eficiente.


La mejor herramienta para garantizar el pleno reconocimiento y ejercicio del acceso a la información es la existencia de una ley específica en esta materia, ley que actualmente no posee Costa Rica.


Es así como la transparencia en la gestión pública no debe ser vista solo como un resultado material expresado en documentos. La transparencia es ante todo un proceso político y administrativo, cuyas etapas y pasos sirven al ejercicio de la ciudadanía, dando esencia y relanzando cotidianamente la democracia.


El señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, indicó el 19 de febrero de 2009: “... como sabemos, infraestructura no es solo cuestión de carreteras, escuelas y redes de energía. Es, asimismo, el fortalecimiento de la gobernanza democrática y el estado de derecho. Sin transparencia, no solo desde el gobierno hacia el pueblo, sino también entre el propio pueblo, no hay esperanzas de conseguir un Estado democrático viable...”


El Archivo Nacional comprende y reconoce la necesidad de una ley de acceso y transparencia que promueva un Estado democrático y el cumplimiento de principios fundamentales, como los mencionados en párrafos anteriores. Es por esto que el XXVI Congreso Archivístico Nacional, llevado a cabo los días 22, 23 y 24 de julio del 2014, se enfocó en el acceso, la transparencia y la rendición de cuentas.


En dicha actividad se contó con la participación de expertos nacionales e internacionales.


Los conferencistas internacionales nos permitieron conocer los esfuerzos que países como Argentina y Colombia están realizando en materia de acceso y transparencia con la participación activa de sus gobiernos y de archivos nacionales e institucionales.


De igual manera, los conferencistas nacionales nos mostraron cómo se puede tener acceso a la información relevante para un país cuando esa información se encuentra disponible y organizada.


Finalmente, los encargados de los archivos institucionales deben esforzarse por mantener informados a sus jerarcas sobre el importante papel que los archivos de gestión y centrales tienen en las instituciones, como garantes para la rendición de cuentas. Los archivos son los aliados estratégicos de un buen gobierno.

 

*Jefa del Departamento Servicios Archivísticos Externos-Archivo Nacional

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Jueves 24 Julio, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Ivannia Valverde Guevara

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