La ley a su alcance

CONSULTA: Hace como 15 años recibí en el supermercado PriceSmart la tarjeta de Promerica sin que ellos investigaran mis ingresos. La otorgaron como si fuera una demostración de atún. Por mi parte para quitarme de encima a la joven acepté tal tarjeta y ni me acuerdo por cuál monto, creo que era por ¢150 mil. Yo estaba iniciando nuevo trabajo en ese tiempo. El asunto es que por medio de estas deudas hice varios préstamos en diferentes bancos para pagar dicha deuda cada vez que llegaba al tope. Las deudas crecieron al punto que todo el salario era para pagar. Dejé de cancelar esta tarjeta y concentrarme en pagar los bancos, así pasaron los años y por fin salí de todas, excepto de la susodicha. Mi último pago en ella fue en 2007, de ahí en adelante no me molestaron en ningún momento. Desde hace 2 años me llaman de la gestionadora de crédito S.J. S.A. para cobrar la deuda que supera los ¢7 millones (este monto no fue el que quedé debiendo, ya que nunca me dieron tanto crédito), ellos envían mensajes a los teléfonos de mis familiares y a mí me tratan supermal y me llaman ladrona. No sé qué hacer con esta situación, estoy desesperada, en dos ocasiones traté de matarme y estuve con psiquiatra por un tiempo. Ahora estas personas me acosan y no me dejan vivir en paz.

RESPUESTA: Hace unos pocos años, varias entidades judiciales y financieras condenaron las prácticas persecutorias en contra de los supuestos deudores de tarjetas de crédito y otros similares. Hasta la Comisión de Defensa del Consumidor se ha opuesto al acoso, amenaza y, en este caso, la ofensa como ‘diplomacia de cobro’.

Puede poner la denuncia ante Comisión de Defensa del Consumidor, que está ubicada en la calle tercera, avenidas 36 y 38, por una práctica comercial abusiva, momento en que también puede solicitar que se ordene cese el acoso, el castigo respectivo suscritos por usted para garantizar su deuda, y que se le presenten los comprobantes del crédito, como letras, pagarés o contratos. Usted y todos los ciudadanos deudores necesitamos saber qué documentos firmamos, cuáles fueron los pagos e intereses pactados, y los abonos mensuales junto con el capital principal de la deuda.

Desgraciadamente, la legislación aplicable, Ley de Cobro Judicial y las certificaciones de contador público, que se han convertido en una verdad incontrovertible, como si fuera la voz del Supremo, atentan contra el principio de defensa, pues es difícil corroborar los documentos originalmente firmados, de la que nunca dan copia al cliente.

También puede poner una denuncia contravencional por Proposiciones Irrespetuosas, para que su teléfono sea intervenido legalmente, y se puedan grabar las ofensas en su contra. Un proceso por estafa y fraude, si es que le dan curso, podría servir de medio para recopilar la documentación que fundamenta esos cobros. En la vía civil también existe su facultad de iniciar un proceso, para que se revisen los saldos reales, la posible prescripción de esos títulos, de sus intereses y otros aspectos. Aunque no es un procedimiento legal, pero sí le puede traer tranquilidad, cambie los teléfonos y no acepte llamadas de desconocidos, y menos de algún valiente caballero que se esconde al otro lado de la línea para acosarla y ofenderla. La voracidad financiera desatada, y permitida por nuestra legislación, está convirtiendo el país en la capital de la usura institucionalizada.

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Jueves 24 Julio, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Lic. Gerardo Morales.