Una finca de 4,5 hectáreas en Alajuelita ha generado una tensa situación entre las 289 familias de este cantón y el Gobierno, ya que este grupo de personas, que se unió con el nombre de Lucha contra la Pobreza, asegura haber cancelado cerca de ¢12 millones en estudios privados “de suelo, agua, incluso de Setena (Secretaria Técnica Nacional Ambiental)”, para poder vivir en ese lugar.
Sin embargo, según explicó la viceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos, “el que un tercero pague un estudio técnico no es vinculante para una institución pública”.
Ante ello, las familias afectadas iniciaron una manifestación desde las cinco de la mañana, primero frente a la casa del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y después en Casa Presidencial, donde, luego de tres horas de negociación, el Gobierno logró llegar a acuerdos.
El primero de ellos será liderado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y consiste en coordinar que los análisis de la capacidad del suelo, y los de la estabilidad del talud que va a la orilla del río sean realizados por la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad Nacional.
“Este Gobierno no quiere solucionar problemas de mala manera, porque si estas familias construyen, podrían estar en riesgo. Así que, a partir de lo que dicte la Escuela de Geología, se tomaría la decisión de si se construye o no”, aseguró Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU.
La Viceministra de Vivienda confirmó que la solicitud de estudio le sería entregada a la Escuela de Geología, el próximo 28 de julio, después de ello, se les dará “un plazo de 20 días para que den los resultados”.
El segundo de los acuerdos consistió en enviar una serie de cartas a la Presidencia Ejecutiva del Instituto Mixto y de Ayuda Social (IMAS), y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, con el fin de “conocer la disponibilidad de agua en la zona”.
Segunda opción
Trejos afirmó que, si el estudio de la Universidad Nacional fuese negativo, se promovería una licitación para la compra de un terreno.
“Hay que analizar los estudios técnicos para ver la vialidad de la finca, si no, también hay un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda, el INVU y la Municipalidad de Alajuelita, el cual consistiría en comprar otro terreno para una eventual reubicación”, aseguró Trejos.
Asimismo añadió que, desde el inicio de este Gobierno, las instituciones involucradas con el sector han sostenido reuniones con los dirigentes del movimiento social que busca desarrollar el proyecto de vivienda en Alajuelita.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
CRÉDITOS: Irina Grajales Navarrete
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Miércoles 23 Julio, 2014
HORA: 12:00 AM
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