Un proyecto de ley impulsado por el reconocido abogado Juan Diego Castro pretende que tanto usted como yo podamos conocer en nuestro vecindario a personas condenadas por diferentes delitos, entre ellos, violadores, secuestradores y personas dedicadas al tráfico de personas.
La propuesta tiene como nombre Proyecto de ley para elevar la eficacia en la prevención y represión de la delincuencia y en especial en los crímenes contra la infancia.
“Uno de los puntos más importantes es la reforma al artículo 1º de la ley de registro y archivo judicial, que dice que toda la información que hay ahí es privada, nosotros proponemos que se exceptúen todos los datos relativos a los sujetos condenados por secuestro extorsivo, producción y fabricación de pornografía, delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, sustracción de menores, corrupción agravada, proxenetismo, tráfico de personas para comercialización de los órganos y demás delitos sobre estupefacientes”, comentó.
Asimismo, el penalista explicó que Costa Rica es el único país donde los policías no pueden interrogar a un sospechoso de rapto, secuestro u otro delito, según él, esto se convierte en un obstáculo para sus labores, pues el sospechoso eventualmente podría decir dónde dejó el cuerpo o para dónde se lo llevó.
“Somos el único país del mundo donde una ley le prohíbe a los policías interrogar a los sospechosos. En el caso de la sustracción de la chiquita (Yereling), que nos tiene preocupadísimos, la policía no puede preguntarle nada a este sujeto, es prohibido, el artículo 98 del Código Procesal Penal así lo dice, ese artículo debe ser modificado, por eso proponemos que en las primeras 24 horas la policía pueda interrogar, eso no quiere decir molestar, torturar o presionar”, acotó.
La iniciativa fue recibida por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y segundo secretario del directorio del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, quien mencionó que hoy le solicitará al presidente Luis Guillermo Solís que incluya el proyecto para que sea analizado en las sesiones extraordinarias que iniciarán en agosto.
