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Opinión

Editorial

Es tradicional que a medio año las empresas dedicadas al desarrollo urbano y la construcción habitacional se lancen en eventos masivos a la caza de clientes para ofrecerles infinidad de opciones de lo que podría ser el sueño de la vida.


Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), poco más del 30% de la población no posee vivienda propia y opta por el alquiler, cada vez más caro.


De este grupo al menos un 15% representa la clase media y no hablamos de la que se acerca a la ‘high’ ni mucho menos, sino del tico promedio, que trabaja todos los días y gana un salario entre los ¢500 mil y ¢600 mil al mes.


Para los expertos en estudios de población y desarrollo humano, eso es suficiente para tener casa propia, carro, y lo que denominan un estatus medio en la sociedad nacional.


En la vida real el panorama es otro.


Posiblemente por más que se desee estrenar casita, en un vecindario promedio en San José, Cartago, Alajuela o Heredia, para decir la Gran Área Metropolitana (GAM), un salario de medio millón ni siquiera suma en una entidad financiera cuando se trata de créditos para vivienda digna, como dicen en los comerciales de las empresas constructoras.


Véalo de esta forma, en una reciente feria de opciones habitacionales estaban ofreciendo condominios y viviendas en no menos de $85 mil, que traducido a colones representa la módica suma de aproximadamente 50 millones. Eso es demasiado dinero para el tico que no es millonario.


Claro, no hay que negarlo, son de ensueño, al menos así se ven en las fotos de las promociones; además prometen regalías del menaje o descuentos de $1.000, que en ese momento parecen ser la tabla de salvación, sin embargo el garrotazo se aproxima al momento de sentarse a la mesa con los vendedores.


El trago amargo de las familias comienza cuando ponen un pie en el lugar del financiamiento.


No solo porque exigen mil y un trámites, sino que se debe tener plata en mano para pagar el enganche que exigen los desarrolladores, y también es en dólares, cuando estamos en una economía que sigue trabajando en colones.


Una vez superada esa etapa viene el dolor de cabeza, para acceder a un préstamo de ¢60 millones hay que ganar al menos ¢1,2 millones, la verdad un dineral que pocos reciben en la colilla mensual.


La imposibilidad de comprar algo propio es cada vez más evidente, las parejas hacen esfuerzos monumentales para hacerse de casita y eso implica hasta reducir gastos básicos.


Hace un año, el 30 de julio, se firmó la Ley de Vivienda para Clase Media, dicha disposición ejecutada por la expresidenta Chinchilla poco ha servido a los costarricenses.


En aquel momento, la medida surgió pues era casi imposible que este segmento de la población accediera a créditos hipotecarios, sin embargo quedó sujeta a la disposición de las entidades financieras que hoy siguen con tasas de interés altísimas, condiciones y tramitología complejas, además de un costo de dólares poco estable.


Esa normativa era una reforma a la Ley del Banco Central y eliminaba la retención del encaje mínimo legal en un 15% sobre fondos destinados a los créditos de vivienda, pese a ello hoy sigue siendo tarea titánica adquirir techo propio.


Por ende la iniciativa no pasó de ser eso, una mera propuesta con firma de gobierno que no se refleja en la realidad costarricense.


Basta con hacer fila en los bancos públicos y privados u otros entes del sistema financiero nacional para darse cuenta de las pocas opciones reales a favor de la clase media.


Entonces si los desarrolladores y urbanistas conocen lo complejo del tema, ¿por qué no optan por levantar alternativas más económicas?; una familia de clase media no requiere grandes lujos, sí de comodidad y seguridad, pero eso es fácil de resolver.


La idea no radica en casas con rancho BBQ, piscina, jardines botánicos, cocheras para tres carros, tina, azulejos de ¢12 mil la pieza y demás lujos, la propuesta estaría en ofrecer soluciones más baratas pero accesibles.


Lo anterior también demuestra que en este país hay que legislar con mano dura y no hacer de consulta pública un asunto tan urgente, como es dotar viviendas a más de un millón de ciudadanos.


En este caso la iniciativa debe ejecutarse en todos sus extremos, pero no depender del antojo de los entes financieros, que todos sabemos viven de hacer negocios con la plata.

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Miércoles 23 Julio, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Lic. Gerardo Morales.

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