La Dirección General de Tributación (DGT) elevó a la subdirección de Fraudes Complejos el expediente del exfutbolista Rolando Fonseca, por la cantidad de posibles personas involucradas en el proceso.
Así lo confirmó el director de esa instancia, Carlos Vargas, quien además reconoció que la recalificación se tomó en el primer trimestre del 2014.
“Hay casos que uno puede visualizar que puede tener algún nivel mayor de complejidad, por los niveles de vinculaciones que estarían presentes alrededor de la figura o de la persona que se está investigando”, explicó Vargas.
Hace un año la DGT solicitó al exgoleador rendir la declaración sobre sus ingresos y el de sus empresas, bajo la pista de una posible evasión de impuestos.
Fecha coincidente con el allanamiento a su vivienda, que realizó la Fiscalía contra el Crimen Organizado tras abrir una investigación por el delito de legitimación de capitales, intentando esclarecer la relación entre Fonseca, y el empresario colombiano Gabriel Morales Fallón, a quien supuestamente se asocia con el narcotráfico.
EMPRESARIO INDAGADO
Fonseca, quien ahora es empresario, se colocó en la silla de la polémica, después de que se revelara que era el asesor y representante legal en Costa Rica de la empresa THX Energy, la cual se vincula con el colombiano Fallón.
El socollón de estas vinculaciones explotó después de que la expresidenta Laura Chinchilla viajara a una boda a Lima Perú en un avión que prestó dicha empresa, desconociendo que había una supuesta asociación con el narco provocándole un bochornoso episodio nacional e internacional, que obligó a la renuncia de su amigo, y en ese momento ministro de Comunicación, Francisco Chacón (mismo que había defendido ante la prensa que no existía nada irregular en el préstamo de la avioneta).
El Director de Tributación fue enfático al decir que la resolución del caso de Fonseca es confidencial, y una vez que se resuelva en caso que se le encontrara culpable de evasión se le notificará una liquidación que deberá pagar por el monto dejado de dar al Estado. Según indicó, no habrá sanción penal “salvo que el monto defraudado exceda el umbral de punibilidad de 500 salarios base del impuesto dejado de pagar”.
