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Opinión

Editorial

Nefasto, así podría catalogarse el intento del Gobierno de Ecuador y sus aliados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) por debilitar y “desaparecer” la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


La gestión la realizan con perseverancia sospechosa durante la Asamblea 44 de la Organización de Estados Americanos (OEA), misma que se desarrolla en estos días en Paraguay, desde ahí el país del sur pretende socavar el trabajo realizado por dicha dependencia, y con ello dar un golpe de Estado -por decirlo de alguna forma- a la democracia y a los derechos humanos del continente entero.


Necesario es aclarar que la Relatoría fue creada para promover la conciencia por el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión e información en el hemisferio, el fortalecimiento y desarrollo del sistema democrático y protección de los derechos humanos.


Es decir, Ecuador ve con ojos de pocos amigos a la Relatoría pues son de conocimiento público las reprimendas que han emitido en su contra por el comportamiento amenazante en los temas antes mencionados.


Para nadie es un secreto el régimen abusivo que han intentado instaurar restringiendo a la prensa principalmente.


Pero no es el único que le apunta a este objetivo, Nicaragua también comparte la idea y en esta reunión de países hace lo propio por lograr el derrocamiento, criticando el “doble rasero” de la Relatoría y asegurando que es financiada por el poder mediático internacional para utilizarla contra los Gobiernos progresistas de América.


Costa Rica está atenta a estas secretas y extrañas intenciones. De hecho, DIARIO EXTRA conoció de primera mano la labor de convencimiento que pretende el bloque con los estados miembros, pero sabe que enfrentan una fuerte oposición de México, Chile, Uruguay, Colombia y Panamá, todos baluartes de las luchas por la reivindicación de las libertades.


Contrario a lo ocurrido con los vecinos del ALBA, nuestra nación ha sido reconocida en innumerable cantidad de veces por el respeto a los derechos y libertades de las y los ciudadanos no solo costarricenses, sino del mundo entero.


Esto nos permite con toda la autoridad moral y ética hacerle frente a la propuesta de desfinanciar a la Relatoría, y permitir semejante debacle a lo interno de un organismo que siempre ha velado por el cumplimiento estricto de los derechos de la humanidad.


Lo que busca el gobierno del señor Rafael Correa es sencillo, reclaman que la Relatoría Especial cuenta con mayores recursos para financiar sus acciones dejando en desventaja a otras relatorías, por tanto debería de dosificarse.


Los expertos en el tema saben que recortar esos dineros significa debilitar la democracia.


La capacidad económica de dicho ente no puede -bajo ninguna circunstancia- verse restringida, pues se traduce sencillamente en un tropiezo en cualquier sistema democrático, y eso es vergonzoso e imperdonable en tiempos en que los ciudadanos reclaman transparencia de sus gobiernos y demás representantes.


Nuestro país hace lo propio, el Presidente de la República sabe muy bien lo que está ocurriendo en Paraguay, y el Canciller también pues se le han hecho peticiones concretas de la posición que debería tomar Costa Rica en un asunto que trasciende el poder político y económico, que toca las fibras más sensibles de algunos gobiernos y dejaría en clara desventaja no solo a los ciudadanos, sino a la prensa y a los grupos sociales.


Ceder a las peticiones del ALBA sería catastrófico, comprometería el desarrollo pleno de las libertades y daría un golpe de terror al Sistema Interamericano.

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Jueves 05 Junio, 2014

HORA: 12:00 AM

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