Mientras las autoridades de Adaptación Social se rasgan las vestiduras porque no tienen dinero para invertir en mejoras, los diferentes centros penales del país pasan pidiendo préstamos. Pero alrededor de ¢51 millones en materiales de construcción se pudren en una bodega ubicada en la cárcel de Puntarenas.
DIARIO EXTRA visitó las instalaciones y comprobó el desperdicio existente: decenas de sacos de cemento, varillas de metal, losas sanitarias, piedrilla y hasta tubos plásticos que llevan desde el 2007 reposando. En tanto las cárceles siguen urgidas de remodelación y hasta de instalaciones nuevas.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia de la solicitud del proyecto por parte de la proveeduría de la dirección general de Adaptación Social, allí se detalla la cantidad, el tipo de material y el precio por unidad de lo que se iba a utilizar para construir lo que sería el módulo de dormitorios de seguridad femenina del Centro de Atención Institucional de Puntarenas.
Manrique Sibaja, director de Adaptación Social, confirmó que existe una investigación contra al menos cuatro funcionarios.
“De parte de la dirección general no estamos dispuestos a tapar alguna anomalía, por este caso se están investigando a tres o cuatro funcionarios que estarían involucrados. La compra se hace más de cuatro años, por lo que se inició un proceso donde se hicieron las audiencias y el procedimiento se abrió hace como un año y medio, pero los materiales se han utilizado en otros centros como en La Reforma”, explicó.
“El cemento y el bondex están duros, sin embargo con autorización se recuperó algo y se llevaron a diferentes centros carcelarios. Esto luego de que existiera una fuerte oposición de los vecinos de El Roble por construir un centro. Sentían un riesgo para la comunidad de que llegaran privados de libertad, mas se demostró que era un prejuicio porque al final se acercan para hacer entrevistas”, acotó.
UN PACO PARA CASONA
Una vivienda en evidente abandono, también conocida por los funcionarios de Adaptación Social como La Casona, lleva más de dos años bajo custodia policial. No obstante, las autoridades aseguran que permanece una abogada y un trabajador social que está de vacaciones, el cual apenas llegue se acogerá a su jubilación. Cuando realizamos la visita, curiosamente ninguno de los dos funcionarios estaban, solo el guarda quien aseguró fuera de cámaras que siempre está solo.
La Casona fue comprada por la módica suma de ¢65 millones para supuestamente instalar las oficinas administrativas, aunque un policía penitenciario es el que está ahí cuidando una papelería.
DE MANO EN MANO
Un privado de libertad de la cárcel de Puntarenas, que por razones de seguridad omitimos su nombre, aseguró que algunos materiales se han perdido de manera misteriosa después de que han pasado por varias manos.
“Debo confesar que hay algunos funcionarios que han sacado los mejores materiales que quedan en la bodega, y nadie ha hecho absolutamente nada. Inclusive me atrevo a decir que ni un inventario tienen actualizado.
En época de lluvias la bodega se inunda, lo que viene a empeorar la situación pues lleva más de 4 años sin que nadie -las autoridades- le saque provecho”, enfatizó.
Manrique Sibaja, director de Adaptación Social, aseguró que continuarán utilizando los materiales que aún sirven, y esperan que muy pronto se termine con la investigación.
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CRÉDITOS: Fotos: Isaac Villalta
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Miércoles 23 Abril, 2014
HORA: 12:00 AM
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