En la iniciativa de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa, denominada “Ley para la prevención y el control del dengue”, impulsada por el Ministerio de Salud, entre otros objetivos busca que el dengue sea declarado como un problema de salud pública, dada la afectación en el desarrollo social, ambiental y económico que ocasiona.
Solo en 2013 se presentaron casi 50 mil casos en todo el país, de los cuales se contabilizó un fallecido por la picadura del mosquito aedes aegypti y 151 casos graves.
“Son objetivos de la presente ley declarar el dengue como un problema de salud pública que afecta el desarrollo social, ambiental y económico del país. Eliminar los criaderos del mosquito aedes aegypti y la proliferación de nuevos criaderos para controlar la enfermedad, fomentar la vigilancia epidemiológica mediante la participación activa de la población y fomentar la promoción, la educación para la salud, así como la difusión del conocimiento a las generaciones presentes y futuras de los riesgos atribuibles al dengue”, detalla el proyecto de ley 19.044.
Según datos del Ministerio de Salud, 2013 fue el año que más notificaciones giró, pues se sobrepasaron los 2 millones, lo que representa un aumento del 35,4% de casos notificados en 2010, año que sumó 1,6 millones notificaciones.
PROHIBICIONES Y MULTAS
En el documento se establece una serie de prohibiciones a cualquier persona física o jurídica, así como a entidades públicas o privadas de mantener a la intemperie vehículos, barcos, lanchas y botes abandonados; además la chatarra, llantas, recipientes o cualquier área en el que se pueda almacenar agua, factor que contribuye a la proliferación del zancudo.
Por otro lado, se detalla que queda prohibido en los lotes baldíos el empozamiento de agua, por lo que exige a los dueños mantenerlos siempre limpios y en condiciones óptimas para evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue.
En caso de incumplimiento, los infractores se expondrán a una multa de entre el 30% hasta un salario base completo, e incluso, en caso de que sean negocios o cualquier otro tipo de establecimientos podrían ser clausurados por las municipalidades y el Ministerio de Salud.
Una vez que se determina la falta y se establezca la multa, el infractor tendrá como máximo 30 días para cancelar el monto determinado.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud creará un Registro Nacional de Infractores, en el cual se llevará el historial de faltas y sanciones que cometan los infractores.
Las multas recaudadas serán destinadas para el cumplimiento de los objetivos de la ley, así como labores de control y fiscalización de la norma.
Cuando la Asamblea Legislativa apruebe la ley, el Poder Ejecutivo tendrá tres meses para hacer el reglamento respectivo.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 16 Abril, 2014
HORA: 12:00 AM
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