La lucha contra la Trata de Personas

Al celebrarse un año de la entrada en vigencia de ley No. 9095 Contra la Trata de Personas resulta oportuno hacer un alto en el camino y reflexionar sobre los avances que para el país representa la promulgación de dicha Ley.

Resulta oportuno primero recordar que cuando hablamos de la trata de personas nos referimos al comercio ilegal de personas con propósitos de esclavitud reproductiva, explotación sexual, trabajos forzados, extracción de órganos, o cualquier forma moderna de esclavitud. Se reconoce a la trata como la esclavitud del siglo XXI.

Según datos de las Naciones Unidas, el negocio ilegal de la trata de personas moviliza más de 30.000 millones de dólares al año alrededor del mundo, con más de 12 millones subyugadas en dichas condiciones, de las cuales en su mayoría son niños, niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad social.

La trata es real, y es por eso que Costa Rica requería con urgencia una Ley que atendiese esta situación que facilitase la atención de las víctimas y la represión del delito.

Con la promulgación de la Ley No. 9095 Contra la Trata de Personas, Costa Rica estableció por reserva de Ley la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, como órgano interinstitucional responsable de promover la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas para la prevención de la trata, la atención y protección de las víctimas y la persecución y sanción de los responsables del delito.

La Ley estableció la creación del Fondo Nacional contra la Trata de Personas, lo anterior con el propósito de brindar recursos económicos a la prevención del delito, la atención integral de las víctimas y su debida protección; así como la mejora en la capacidad de represión y persecución del delito.

Dicho Fondo constituye una experiencia única en la región y ha sido reconocido como tal a escala internacional como una buena práctica.
Por otra parte, la Ley No. 9095 desarrolló una serie de reformas penales, mediante las cuales se tipificaron delitos y establecieron penas más claras para acciones delictivas concretas referidas a la trata de personas, tales como la coacción, el tráfico de órganos, tejido y fluidos humanos; definiendo además responsabilidades para los propietarios, arrendadores y administradores de locales o propiedades en los cuales se dé lugar la trata.

Se establecen además penas para la trata con fines de explotación laboral, así como para las acciones que promuevan a Costa Rica como un destino turístico accesible para la explotación sexual comercial o la prostitución, ya sea a nivel nacional o internacional.

Los cambios en la legislación generan resultados. El año 2013 cerró con cinco sentencias en firme por el delito de la trata de personas, así como una sentencia por el delito de tráfico de migrantes.

Mediante estas acciones, Costa Rica ha reforzado su compromiso en materia de protección de los Derechos Humanos fundamentales de las personas, a la vez que ha establecido pautas históricas para la represión de este flagelo de la humanidad.

*Viceministro de Gobernación y Policía
*Presidente del Consejo Nacional de Migración

PERIODISTA:

EMAIL:

Lunes 03 Febrero, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Freddy Mauricio Montero M.*