28 Mayo, 2015  
 
 
 
OPINIÓN

Editorial


Descontento con el trabajo realizado por el grupo periodístico del DIARIO EXTRA y conocedores de las denuncias de corrupción e ineficiencia institucional que han sido ventiladas en su contra en los últimos años, el Poder Judicial tuvo la osadía de mandar a espiar a varios comunicadores de esta empresa.


El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) junto con la Fiscalía Adjunta Contra la Delincuencia Organizada solicitaron al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las empresas Claro y Movistar un rastreo de la central telefónica del Grupo Extra y de los celulares personales de algunos periodistas a cargo de cubrir la fuente judicial.


El único objetivo de dichas diligencias, las cuales rayan con la normativa jurídica y representan una clara violación al derecho de reserva de la fuente y la libertad de expresión y prensa, era dejar al descubierto a los comunicadores y su relación con informantes dentro del Poder Judicial.


La investigación en la cual se involucra a periodistas de nuestra empresa es tan solo uno de los mecanismos de presión que el Poder Judicial ejerce para silenciar de forma temeraria a este medio y evitar que se difundan informaciones de interés público que les perjudican, pero además que dejan entrever deficiencias en distintas labores que desempeñan.


El informe judicial da cuenta de la forma inescrupulosa en que rastrean y registran no solo llamadas telefónicas, sino mensajes de texto entre periodistas y una buena cantidad de fuentes de información, dentro de ellos jefaturas de sección y otros funcionarios que se han convertido en parte importante para la difusión de notas con alto contenido de interés para la ciudadanía y más si se trata de temas de seguridad.


La intromisión descarada que hace el Poder Judicial a las comunicaciones de esta empresa, destacada nacional e internacionalmente por no tener pelos en la lengua, deja en estado de vulnerabilidad a los comunicadores y peor aún a los funcionarios honestos que desean denunciar actos anómalos acaecidos en la administración pública y que a todas luces comprometen a los altos jerarcas institucionales.


Entrometerse en las fuentes de un periodista valiéndose del aparato legal, que según la ley debería ser ejercido en contra de delincuentes y organizaciones criminales de alto nivel, es un evidente abuso de autoridad que busca por encima de todo atropellar el derecho de los ciudadanos de recibir información veraz y oportuna sobre el desempeño de los funcionarios gubernamentales.


Es claro que el registro telefónico realizado a los periodistas del Grupo Extra muestran el interés solapado de colocar una mordaza a la actividad diaria de denuncia, pero también ponen al descubierto el malestar de una institución ante el buen trabajo que durante años se ha venido ejecutando.


Para poder estructurar la investigación, y como si se tratara de una banda criminal, hicieron uso de agentes de la sección de Estupefacientes, pero además encomendaron a la Oficina de Análisis Criminal el espionaje telefónico, situación que a simple vista es desproporcionada.


El caso fue asignado a la Fiscalía de Delincuencia Organizada, dejando entrever el interés de la dependencia judicial de encasillar la labor periodística como ilícita y contraria a la ley. Peor aún, sobrepasando los límites de la legislación nacional y la normativa internacional que resguardan los derechos de los periodistas y la protección de las fuentes de información.


El registro telefónico es ahora un mecanismo para presionar e intimidar a los funcionarios, que por motivos varios aparecen en comunicación con el DIARIO EXTRA y sus trabajadores.


Estamos conscientes del acoso del cual han sido víctimas los agentes judiciales cercanos al medio, presiones que vienen de las altas esferas. Inclusive es de conocimiento institucional un documentos casi que parecido al memorándum del miedo donde se advierte de forma directa que habrá sanciones estrictas a quienes tan solo se osen a saludar o acercarse a personeros del Grupo Extra, en especial del Diario Extra.


La situación de hostigamiento pasó los límites cuando periodistas de la Oficina de Prensa del OIJ recibieron la orden de fotografiar a los colegas de este medio, incluyendo si tenían conversaciones o acercamientos con policías y hasta fiscales en escena de sucesos o allanamientos.


No vamos a tolerar más presiones y abusos, no vamos a permitir mordazas a nuestra profesión y el derecho irrenunciable de los habitantes de estar informados para tomar decisiones.


Desde el Grupo Extra daremos la cara, con la frente en alto nuestros profesionales irán a las entidades de gobierno para escudriñar siempre la verdad, en busca de lo positivo, pero también de lo que huele mal y funcional equivocadamente y más cuando se trata de funcionarios públicos.


Esperamos que los ciudadanos comprendan la necesidad de unirse en esta nueva batalla, el año anterior fue la Ley de Delitos Informáticos, ahora el registro y rastreo de llamadas de nuestros periodistas, ¿qué sigue señores?


¿Quiénes serán los garantes de los costarricenses?, ¿cómo es que se gesta toda una maraña desde la administración de justicia contra el diario del pueblo, atropellando 35 años de trabajo y esfuerzo, de verdad y liderazgo? ¡No señores!, eso no se borra, los ticos saben que esta empresa va con la verdad en favor de la Libertad de Expresión.

| Miercoles 22 Enero, 2014

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