03 Agosto, 2015  
 
 
 
NACIONALES

Poder judicial espía periodistas


En un hecho sin precedentes y propio de los regímenes autoritarios y dictaduras, algunas de las más altas autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público se dieron a la tarea de espiar a periodistas de DIARIO EXTRA, durante más de 10 meses, para detectar quiénes han sido nuestras fuentes de información, entrometiéndose indebidamente en la labor de investigación que realizamos con esmero.

 

La veracidad y la sagacidad de los reportajes de El Periódico de más Venta en Costa Rica, que informaron temas de interés público, hechos graves o irregularidades de funcionarios del tercer poder de la República, los cuales nunca han puesto en peligro ninguna investigación judicial, generaron descontento y malestar en algunos sectores del Poder Judicial, que de inmediato mandó espiar a varios comunicadores de esta empresa.

 

Esta situación no tiene precedentes en Costa Rica y resulta altamente peligrosa para el ejercicio del periodismo en un Estado de Derecho.

 

“Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos han conversado nuestros comunicadores y así dejar al descubierto y en estado de indefensión al DIARIO EXTRA, y por ende a esas personas honestas que tienen algo que decir del sistema.

 

Ellos están molestos por la veracidad de las informaciones y la relación que nuestros trabajadores tienen con informantes dentro del Poder Judicial, por eso nos quieren callar, pero no lo vamos a tolerar”, declaró Paola Hernández, subdirectora de DIARIO EXTRA.

 

La labor de espionaje de la cual fue víctima El Periódico de más Venta en Costa Rica queda evidenciada en más de 200 páginas del expediente No.13-000115-1219-PE, el cual llegó a nuestras manos por otra fuente judicial que mantendremos en el anonimato y que hoy da una muestra al país de las irregularidades que se gestan dentro de uno de los poderes de la República para silenciar a la prensa.

 

El expediente demuestra la forma inescrupulosa en que rastrearon y registraron miles de llamadas telefónicas y mensajes de texto entre nuestros periodistas y lo que esos espías consideran nuestras fuentes de información.

 

La intromisión descarada del Poder Judicial en las comunicaciones de esta empresa, destacada en los ámbitos nacional e internacional por no tener pelos en la lengua, deja en estado de vulnerabilidad a los comunicadores y especialmente a los funcionarios que desean denunciar actos anómalos acaecidos en la administración pública, lo cual viola el derecho a la reserva de la fuente y el derecho de saber del ciudadano.

 

SECRETO PROFESIONAL

 

“Es importante recordarles a los lectores de DIARIO EXTRA que la doctrina y la normativa que protegen los derechos humanos han sido contundentes y constantes cuando reafirman el derecho que tiene el periodista a la reserva de la fuente, que consiste en el derecho al secreto profesional, en el derecho a no revelar sus fuentes de información, sus apuntes, sus archivos personales y profesionales, y sus comunicaciones con quienes le han suministrado la información”, aseguró Carlos Serrano, representante legal del Grupo Extra.

 

¿PERIODISTAS O CACOS?

 

Para estructurar la investigación y como si se tratara de una banda criminal el Poder Judicial hizo uso de agentes de la Fiscalía de Crimen Organizado, la sección de Estupefacientes y hasta encomendaron a la Oficina de Análisis Criminal el estudio del espionaje telefónico.

 

El registro telefónico es utilizado como mecanismo de presión e intimidación de los funcionarios que por motivos varios aparecen en comunicación con DIARIO EXTRA.

 

De hecho, una de estas personas recientemente fue detenida frente a sus compañeros, para quienes el mensaje es claro: “hablen y les sucederá lo mismo”, y luego suspendida tres meses por orden de un juez tras la petición de la Fiscalía. 

 

“Fíjense, por ejemplo, que el relator especial para la Libertad de Expresión de la ONU conjuntamente con la relatora especial para la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano, el 21 de diciembre de 2010 reiteraron en el No.3 que los periodistas que tengan acceso y difundan información confidencial por considerarla de interés público no deben ser sometidos a sanciones de ningún tipo.

 

Pero lo más importante y en lo que toca a los informantes, lo que dice esa declaración y la doctrina es que los denunciantes que, siendo empleados gubernamentales divulguen información sobre violaciones del ordenamiento jurídico o sobre casos de corrupción, deben estar protegidos frente a sanciones legales, administrativas o laborales”, agregó Serrano.

 

MÁS ACOSO

 

Tenemos conocimiento del acoso del cual han sido víctimas otros agentes judiciales cercanos al medio, presiones que vienen de las altas esferas. Incluso es de conocimiento institucional un documento parecido al “memorándum del miedo”, donde se advierte de forma directa que habrá sanciones estrictas a quienes tan solo osen saludar o acercarse a personeros del Grupo Extra, en especial del DIARIO EXTRA. 

 

La situación de hostigamiento rebasó los límites cuando periodistas de la Oficina de Prensa del Organismo de Investigación Judicial recibieron la orden de fotografiar a los comunicadores de DIARIO EXTRA cuando tenían conversaciones o acercamientos con policías y hasta fiscales en escenas de sucesos o allanamientos.

Carlos Castro Gamboa | Lunes 20 Enero, 2014

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