Editorial
La aparición de al menos seis helipuertos en el Caribe y la Zona Norte, que puso a las autoridades nacionales a trabajar a tiempo completo, no solo deja al descubierto nuevas operaciones del narcotráfico en suelo nacional, de las cuales había sospechas pero no certeza.
En dichos campamentos la policía halló barriles de combustible para aeronaves, armas tipo AK-47, mapas, ropa militar, rodines para jalar helicópteros, ácido acético y otros insumos como comida.
Además los extraños inquilinos tuvieron el tiempo suficiente para levantar tres casas donde permanecían quién sabe desde cuándo, pues había camas, duchas, plantilla para cocinar y aparatos para producir electricidad.
Según la policía esto no tiene precedentes en el país y se convierte en un verdadero enigma al que urge ponerle alto, pues de lo contrario podría ser el primer paso a situaciones tan violentas y conflictivas como las vividas en otras naciones de la región centroamericana, sin ser pesimistas.
Que si son panameños, hondureños, nicas o colombianos. Eso nadie lo sabe hasta el momento, pues pese a que en algunos de estos improvisados lugares encontraron pasaportes de los hombres ahí guarecidos, aún no hay evidencia contundente. Lo cierto es que están aprovechando nuestras visibles debilidades para asentarse con tranquilidad.
Tampoco se ha determinado si solo sirven para traficar drogas o también para el comercio de armas. La verdad es que tales helipuertos ha sido el hallazgo del año, pero también la evidencia de que en Costa Rica el asunto no está tan controlado como se ha querido hacer creer.
El narcotráfico opera sin reparos en montañas, parques nacionales, puertos, canales, zonas urbanas y marginales. Habría que ser ciego para no darse cuenta que el negocio está en nuestras narices, no vale la pena intentar tapar el sol con un dedo.
El tráfico de estupefacientes no es nuevo. Si por Centroamérica transitan al menos 600 toneladas de cocaína al año, ¿cuántas pasan por Tiquicia si en lo que llevamos de 2013 ya se decomisaron 17?
Si bien es cierto hasta ahora no había señales de este tipo de operaciones en suelo nacional, las autoridades se internaron en la montaña para desmantelar los refugios gracias a informaciones anónimas, de lo contrario aún estaríamos con la venda en los ojos.
Eso demuestra que los ciudadanos tienen una responsabilidad compartida con las autoridades porque cuando ven comportamientos extraños en sus comunidades tendrán que informarlo de inmediato y así el proceder será más ágil y eficiente. Si los vecinos son apáticos, el flagelo avanzará en silencio y a pasos agigantados, en detrimento de toda una nación.
Cuidado que estos grupos no recluten a los vecinos de zonas deprimidas y marginadas, como suelen hacer en Guatemala, Colombia y México, donde pueblos enteros operan a favor del narco.
La aparición de los campamentos genera reacciones adversas en la población y no es para menos, la gente se siente insegura y sobre todo desprotegida.
Es exactamente como haber pasado toda la vida sabiéndose engañado, pero hasta no tener las pruebas es solo un rumor.
En este caso el chisme ya es realidad y nuestras tierras más lejanas son usadas por organizaciones delictivas para procesar y traficar drogas.
Consultados los altos jerarcas sobre el particular las respuestas son diversas, pero siempre tendientes a darles a entender a los costarricenses que todo sigue bajo control.
Sin afán de entrar en discusión con la policía nacional, el asentamiento de estos grupos nos obliga a ver la situación desde muchas aristas y urge tomar medidas de seguridad extremas que antes posiblemente ni siquiera eran necesarias.
El tráfico de drogas y de armas es combatido por tierra y mar, pero no por aire, pues para nadie es un secreto que las posibilidades de los cuerpos policiales en este ámbito son bastante limitadas.
No se trata de hacer leña del árbol caído, ni mucho menos restar crédito a los uniformados, pero estamos frente a un país que se siente inseguro, aun cuando los jerarcas manifiestan que en materia de seguridad vamos por buen camino.
Es aquí donde los ciudadanos confiamos en los cuerpos policiales, el Ministerio de Seguridad, Organismo de Investigación Judicial, Policía de Control de Drogas, y dejamos que ellos se encarguen del asunto, pero claro, con la transparencia del caso, pues no existe fundamento para seguir restando importancia a tales eventos si a todas luces los ticos sabemos de qué se trata.
Vivimos momentos decisivos, el crimen organizado no discrimina y por ende los costarricenses requerimos estar preparados para ayudar a las autoridades, pues tal vez sea la única vía de información fiel y certera que exista porque cada quien conoce las condiciones de su pueblo, los vecinos y sus actividades rutinarias. Los nuevos lugareños son percibidos con facilidad.
