La administración Chinchilla le tira la responsabilidad de multar o deportar a los migrantes ilegales al próximo presidente de la República, ya que nuevamente firmó un decreto que le da 10 meses más a esta población para poner sus papeles en orden.
Durante este periodo el gobierno pretende que quienes todavía no lo han hecho tengan tiempo para presentar sus documentos en la Dirección de Migración y Extranjería y tramiten los respectivos permisos de trabajo.
Esta medida beneficia únicamente a quienes se desempeñan en labores agrícolas, construcción y servicio doméstico, pues lo que se aprobó fue una extensión para que se puedan presentar los requisitos para obtener la residencia temporal a esta población, no así a quienes no pudieron completar los trámites el año pasado por dejar vencer su visa o quienes tienen relación familiar en el país.
Ahora, quienes quieran optar por esta nueva amnistía tienen que demostrar que han trabajado de manera continua en el país por lo menos desde el 18 de setiembre de este año.
MOLESTIAS
Diversas agrupaciones sindicales de migrantes han indicado que las buenas intenciones del gobierno para que los extranjeros que tienen una relación laboral en el país pongan en orden sus papeles migratorios quedan en el papel, ya que no existen los controles necesarios para proteger los derechos laborales de quienes solicitan a sus patrones ayuda para hacer el trámite.
Según denuncias recibidas, cuando el trabajador comienza a realizar los trámites es despedido, ya que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le cobra al empresario las cuotas dejadas de recibir por el tiempo que lo tuvo empleado de manera ilegal, así como la multa por el mismo hecho.
Lo anterior hace que muchos de ellos desistan de hacer el trámite, por temor a perder su trabajo.
Estos mismos grupos han hecho un llamado para que el nuevo periodo también cobije a quienes estuvieron incluidos en los transitorios anteriores y no solo a los que trabajan en estos tres sectores productivos, ya que el castigo económico para quienes al cierre del periodo no se hayan puesto en orden es muy alto.
A partir del 1 de agosto de 2014 se cobrará la multa de $100 por mes que haya permanecido en el país a quienes laboren con visas vencidas o indocumentados; también se aplicarán multas a los empleadores de extranjeros indocumentados, establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería.
