La presidenta Laura Chinchilla aseguró que está dispuesta a fortalecer la Fiscalía General de la República con tal de que los actos de corrupción en el caso de la Ruta 1856 o trocha fronteriza con Nicaragua no queden impunes.
Chinchilla dijo sentirse “doblemente defraudada” tras la reciente liberación de los exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que se mantenían en prisión preventiva al ser acusados de los supuestos actos ilícitos.
Se trata de Manuel Serrano y Miguel Ramírez, quienes cumplieron 10 meses de prisión. A ambos se les cambió la medida cautelar por el impedimento de salida del país.
“En este caso la justicia no pareciera estar progresando, como mínimo está estancada. Costa Rica merece una respuesta, pusimos hechos importantes en las manos de autoridades judiciales”, indicó la Presidenta.
Según recalcó la mandataria, tiene derecho a reclamar, pues “dimos un paso que ningún presidente ha dado en este país, que es denunciar lo que ahí aconteció. Tengo derecho a pedir que se haga justicia, que no haya impunidad”.
Chinchilla denunció los actos de corrupción en mayo de 2012. Además insistió en que se debe esclarecer quiénes no cumplieron con “sus deberes, responsabilidades y manejo de la supervisión” en tan importante ruta.
Entre los investigados por este caso se hallan Carlos Acosta, exdirector del Conavi, a quien no se le está atribuyendo participación en las presuntas irregularidades; y Francisco Jiménez, exministro de Transportes, quien no figura como imputado.
La Fiscalía no lo toma como sujeto del proceso de investigación, pese a que el año pasado se le obligó a venir al país para rendir cuentas.
