Editorial
En tremendo zapato están los partidos políticos en materia de financiamiento, pues a falta de una capacidad de presentar garantías que les permitan acceder a créditos bancarios o incluso para obtener una “tajada” del adelanto de la deuda política, tampoco pueden echar mano de la posibilidad de utilizar los famosos bonos.
Si bien es cierto en mismo Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se ha considerado que la medida de los bonos no es equitativa, pues favorece sólo a las agrupaciones con mayor récord de votación, el Código Electoral en su anterior reforma mantuvo ese mecanismo.
Sin embargo, una acción de inconstitucional presentada hace varios años frenó el recurso estancando dineros desde la anterior campaña e impidiendo la alternativa de financiamiento hasta la fecha.
Está en manos de los magistrados de la Sala Constitucional, si a las puertas de la campaña electoral dan un respiro a las agobiantes situaciones económicas que enfrentan los partidos, especialmente las más pequeñas que son los más perjudicados con o sin sistema de bonos.
En el caso de las entidades bancarias, éstas acceden a préstamos cuando los partidos tiene con qué respaldar el pago, lo cual reduce posibilidades; e incluso las opciones alternativas con fideicomisos también tienen un grado de complejidad.
Y si se piensa que las donaciones les pueden salvar la tanda, la realidad es que no tanto pues ante el desencanto y el temor de verse envueltos en “enredos y escándalos” como los de las últimas tres elecciones, muchos optan por no aportar nada, aunque no faltará quiénes se las ofrezcan con mayor facilidad y en diversas formas para saltarse algunas restricciones establecidas por el Código Electoral.
En este asunto de las donaciones, las que son en especie igual cuenta, y más allá del simple voluntariado también pueden ser objeto de escándalo, por lo que en esta ocasión y ante la dura fiscalización del TSE los partidos deben prestar mucha atención para reportar lo debido según dicta la norma.
En medio de todo este panorama no tan claro aún sobre cómo se financiarán la campaña los partidos políticos, la realidad es que hasta ahora los mecanismos establecidos no son garantes de una verdadera equidad, aspecto en el cual se debe trabajar un poco más, pues no es un asunto sólo de propaganda o publicidad como se quiere hacer ver, implica que las agrupaciones cuenten con dinero para su logística y operación durante la contienda.
Nadie dijo que la democracia es barata, todo lo contrario, su costo es enorme y para ello se debe invertir.
El asunto es que los dineros públicos tampoco se pueden despilfarrar o mal usar, especialmente en naciones como la nuestra que enfrentan un enorme déficit y una creciente deuda pública.
Así que el tema debe ponerse en una balanza y es necesario que se puedan encontrar caminos tendientes a permitir un sano desarrollo de la contienda en esta materia, claro está con una regulación estricta que frene a quienes buscan el abuso y el negocio con dineros de los costarricenses y en detrimento del sistema democrático.
