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Opinión

Ministro Ayales, los niños ya no pueden esperar

El ministro de Hacienda, Edgar Ayales, para justificar no cumplir con una orden de la Sala Constitucional (No. 2013-3691) y del Tribunal Contencioso Administrativo, las cuales lo obligan a entregar el 7% del impuesto sobre la renta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), se atreve a decir que los recursos no son necesarios. Declaraciones que evidencian un gran desconocimiento sobre la realidad de la niñez y la adolescencia en Costa Rica, el Estado Social de Derecho, o por simple posición en el puesto de turno que le dio el actual Poder Ejecutivo.


Se le olvidó que desde 1990, Costa Rica, como Estado del que formamos parte todos, ratificó el Convenio sobre los Derechos del Niño, el cual establece que no se puede alegar falta de recurso y que el Interés Superior del Niño debe prevalecer en las decisiones que les conciernen. Este es un compromiso de país que desacredita su discurso fiscal.


Recuerde, también, que estos recursos son para cumplir los derechos de 1.300.000 menores en el país. Muchos de ellos en condiciones de alto riesgo y vulnerabilidad, en extrema pobreza, víctimas de una creciente violencia y de situaciones emergentes como la trata, tráfico, trastornos mentales, adicción, diversidad sexual, y de una sociedad, y un Poder Ejecutivo, que no los considera prioridad.


Con esos recursos, Señor Ministro de Hacienda, se podría:


Garantizar derechos fundamentales (alimentación, educación, salud y cuido) a 481 mil niños en pobreza.


Atender el 30% (9 mil) de las denuncias de alto riesgo que están en espera de protección y que podrían hasta poner en peligro la vida de los niños.


Atender las denuncias las 24 horas del día en todo el país; y no como se hace en este momento con tres personas de 10 p.m. a 6 a.m., solo en San José. Los derechos de la niñez y la adolescencia no tienen horario de oficina y no es posible que sea, en muchas ocasiones, otros los que atiendan.


Tener un equipo interdisciplinario que brinde atención integral en cada uno de los 456 niños, niñas y adolescentes en los 42 albergues alrededor del país.


Contar con las 250 plazas de personal de cuido directo para la atención de la población en albergues. Esto fue ordenado al Estado Costarricense por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante los horarios violatorios de la norma laboral en la que se sigue incurriendo. En los últimos años se aprobaron 3 plazas de tías.


Incrementar el subsidio a las organizaciones no gubernamentales transitorias que protegen a 1708 menores. El Estado aporta menos del 49% y estas organizaciones tienen que mendigar los otros recursos. Ejemplo claro: la deuda de la Municipalidad de San José con el Hospicio de Huérfanos.


Incrementar el subsidio a los 1408 hogares solidarios donde hay 1931 niños, niñas y adolescentes; y darlo a 1212 familias a las que no apoyamos económicamente, a pesar de tener bajo su cuido y protección a más de 1565 niños. Un derecho fundamental es estar con su familia.


Contar con profesionales y técnicos especializados para atender a los niños, niñas y adolescentes con conductas emergentes como los trastornos mentales, la adicción, con discapacidad, enfermedades crónicas, conductas violentas, diversidad sexual, víctimas del narcotráfico, en conflicto con la ley, referidos por Protección a la Víctima del Poder Judicial, trata, tráfico, explotación sexual comercial, y víctimas de abusos y violencia en redes sociales.


Enseñar al 70% de padres y madres que consideran que educar a sus hijos se logra con jalones de pelo, pellizcos y golpes. De métodos de corrección violentos a la agresión física y psicológica hay un paso. Y de esto a la muerte también. Aprender a educar con límites y autoridad y sin violencia es urgente.


Cumplir a cabalidad con la restitución internacional de los niños que son utilizados por sus padres como objetos y sacados ilegalmente de sus países de origen.


Los abogados podrían representar los intereses y defender los derechos de los menores en los más de 40 mil procesos judiciales que se dan en un año.


Garantizar el financiamiento (que es incierto para 2014) de las 20 organizaciones no gubernamentales que pertenecen a la Red de Cuido y que atienden a 558 niños.


Señor Ministro con estos números, ¿usted piensa que los recursos para la niñez y la adolescencia son innecesarios?


Respecto al supuesto superávit del 20% al que hace referencia, corresponde a inversión de obra pública (mejoramiento de albergues) que son recursos comprometidos. Lo que no se ejecutó es en cumplimiento de la Directriz 040, que limita el gasto en partidas sustantivas, la Directriz 13, que obliga a tener reserva en el superávit y el STAP 832-2013, que impide utilizar economías salariales en otros gastos sustantivos.


Ministro Ayales, la realidad de la niñez y la adolescencia en Costa Rica ha sido entendida por la Sala Constitucional y por el Tribunal Contencioso Administrativo; nos dan la razón, pero usted no lo ha entendido así. Ahora corresponde y confiamos en que los Señores diputados, cuando discutan el Presupuesto de la República 2014, vean en esos números a sus hijos, nietos, sobrinos; y responda al 1.300.0000 niños, niñas y adolescentes que esperan el cumplimiento de sus derechos.


A los Señores diputados, cada niño y adolescente espera su respuesta. Y a usted, señor Ministro, continuar con un déficit con los niños y adolescentes en Costa Rica.

 

*Presidenta Asociación de Trabajadores Sociales del PANI

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Martes 17 Septiembre, 2013

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Licda. Yorleni Villalta Calderón

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