Pese a que las finanzas del Estado están en números rojos, un error judicial le costará a los costarricenses tener que pagar una indemnización de unos ¢26 mil millones ($52 millones) al colombiano Jorge Castillo, quien fue absuelto por ser inocente en el proceso que se realizó por el crimen Parmenio Medina Pérez.
El tema tomo trascendencia en los últimos días tras conocerse que “El Indio” quien se inculpó por el crimen para que condenaran a Omar Chaves, mintió según la prueba del polígrafo realizado por expertos de prestigio internacional. Aunque en Costa Rica la prueba del detector de mentiras no es ejecutada por los estrados judiciales, tampoco es prohibida por lo que este nuevo elemento podría reabrir el caso.
UN ERROR JUDICIAL GRAVÍSIMO
En medio de esta polémica DIARIO EXTRA tuvo acceso a las gestiones que realiza el colombiano Jorge Alcides Castillo Sánchez para que el Estado lo indemnice por el supuesto error cometido por el exfiscal Francisco Dall´Anese Ruiz, su subalterna y un oficial del Organismo de Investigación Judicial y así mantenerlo 6 años en las oscuras celdas de San Sebastián, donde adquirió múltiples enfermedades y fue brutalmente violado por otros reclusos.
Luego del cautiverio y el juicio que duró dos años (el más largo registrado por la historia judicial costarricense) los jueces resolvieron absolverlo y luego la Sala Tercera de Casación Penal le dio el calificativo de “por certeza” lo que indica que fue siempre inocente y por error de sus acusadores, jueces, fiscales e investigadores se le tuvo en la cárcel sin tener “vela en ese entierro”.
Por esa razón el caso se ventiló después en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, donde se ordenó al Estado pagar la indemnización por haber estado preso por tanto tiempo, luego de que la Procuraduría General de la República apeló la resolución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que condenó al Estado a pagarle ¢96 millones por daño moral subjetivo sufrido al estar detenido.
Pero ese fue apenas el inicio, además condenó por el daño objetivo, pero su monto se debería definir en ejecución de sentencia. Ante ello Castillo, quien desde Panamá concedió una entrevista a DIARIO EXTRA, explicó que siempre ha estado anuente a conciliar un monto aceptable, pero la Procuraduría (que es muy buen cuando se trata de cobrar) ahora no quiere negociar por lo que le saldrá más caro a los costarricenses ya que el dinero no lo pagarán los fiscales, investigadores, y jueces que cometieron el “error judicial”, sino con dinero de los impuestos.
MILLONARIA INDEMNIZACIÓN
Lo extraño es que para la ejecución de sentencia Rodrigo Araya, abogado de Castillo, presentó el informe del perito pagado por ellos, donde se establecía una indemnización de $9 millones (¢4.500 millones) pero la Procuraduría General de la República no quiso pagar ni conciliar por lo que pidió un nuevo peritaje.
Al abogado del Estado le salió el tiro por la culata pues el perito llegó a conclusión que la indemnización debía de ser $52 millones (¢26 mil millones), cuatro veces más.
Así que para el próximo mes de octubre, basándose en esos dos peritajes, el Tribunal Contencioso Administrativo deberá de determinar el monto que le corresponde pagar al país.
VINO HUYENDO DE LOS SECUESTROS Y CAYÓ PRESO
Castillo es un reconocido empresario del mundo futbolístico no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina. Migró a nuestro país por cuanto en su natal Colombia fue secuestrado para robarle el equipo de fútbol que era de su propiedad. Acá fue dueño de las fichas de jugadores costarricenses como Rolando Fonseca, y empresario de las trasmisiones deportivas por televisión.
Tenía una vida cómoda y con lujo, pero de la noche a la mañana lo involucraron en el caso Parmenio, esto porque en una de las declaraciones uno de los acusados, y también absuelto Jhon Gilberto Gutiérrez, lo confundió con el “Coronel Restrepo”, quien según su tesis fue el intermediario en el crimen del comunicador.
No obstante, su vida ostentosa y llena de lujos terminó al ser detenido el 22 de diciembre del 2003.
Al estar en la cárcel hizo que perdiera a su esposa y sus hijos, lo que acarrea un daño moral inconmensurable. Perdió todos los bienes, sus ahorros y sus inversiones.
Sus hijos quedaron traumatizados, a ellos se les vulneró su patrimonio económico, social y moral; afectó su relación con amigos, tuvieron que cambiar de un colegio privado a uno público. “Los hijos han sido estigmatizados y relegados socialmente al ser “hijos de un asesino, un convicto, un preso.” "Ahí va el hijo del asesino", mencionó el extranjero sobre el trato que recibieron sus hijos.
Explicó que en la cárcel se enfermó de toda clase de males, tuvo dos desprendimientos de recto producto de que fue violado en la celda en la cárcel de San Sebastián donde estaba enjaulado.
Ahora padece de 4 enfermedades crónicas por la humedad, virus y bacterias que hay en ese penal. También se le suma la aceleración del proceso de envejecimiento que ahora es irreversible.
SILENCIO EN LA PROCURADURÍA
Al ser un tema de interés nacional, DIARIO EXTRA quiso conocer la versión de la Procuraduría General de la República y primero se informó que les enviáramos las preguntas por escrito y la procuradora Ana Cecila Cheng Apuy las contestaría. Luego cuando fueron enviadas, la respuesta fue que guardarían silencio.
“La Procuradora que lleva el caso señala, como te había indicado con el caso de la demanda contra el Grupo Nación, que mientras el caso esté en los Tribunales y en proceso, no se darán ningún tipo de declaraciones”, escribió la periodista Vivian Burban.
¿La Procuraduría tiene limitaciones para conciliar en casos de demandas contra el Estado?
¿En caso como el de Jorge Castillo, que el peritaje del Estado es superior al privado de la contraparte, por qué no se hace una excepción?
¿Por qué tanto atraso con este caso?
¿Por qué cuando es para cobrar la Procuraduría son tan rápidos, y en este caso se ha durado tanto?
Estas son algunas de las preguntas que quedaron sin respuestas.
