El clima entre los 1,150 guardas privados de los hospitales Max Peralta, de Cartago; William Allen de Turrialba; Max Terán de Quepos; del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se puso al rojo vivo ayer cuando decidieron levantarse en huelga por cuanto la empresa para la cual trabajan les ha retenido el salario por más de un mes.
Se trata de empresa Seguridad Canarias S.A, que tiene millonarios contratos con varias instituciones públicas, pero lo contradictorio e insólito es que la Caja del Seguro Social paga millones por la seguridad de los hospitales, pero la empresa está morosa con esa institución con más de ¢119 millones. Lo que a los trabajadores les llama la atención es que uno de los requisitos para contratar servicios con el Estado es estar al día con las cuotas obrero patronales y en este caso tienen más de un año de estar morosos y la Caja no les ha rescindido el contrato, y menos el INA, el Pani y las demás instituciones que estarían cayendo en esta irregularidad, según manifestó ayer el sindicalista Álvaro Valverde de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
Seguridad Canarias es una de las empresas más grandes del país en materia de seguridad privada, aunque tiene contratos millonarios con varias instituciones públicas le retienen en forma ilegal el salario a sus trabajadores, pese a que les deduce las cargas sociales no las pagan, por lo que las órdenes patronales aparecen con la leyenda “patrono moroso”. Por esta razón los trabajadores tienen múltiples inconvenientes para recibir atención médica.
“Yo vengo desde Turrialba para que me paguen y me dijeron que hasta la otra semana. A mí bebé no le puedo poner los pañales viejos o decirle que lo cambio la otra semana. Igual no puedo decirle que hoy no puedo darle comida porque a su papá no le pagan. Me deben un mes de salario y no hay forma que me paguen”, dijo un hombre de apellido Conejo. En iguales circunstancias llegó un trabajador desde Tucurrique y otro de Limón, quienes hicieron el sacrificio de pagar los pasajes para llegar a reclamar sus salarios atrasados y recibieron un no por respuesta.
Valderde explicó que para hoy solicitarán la intervención del Ministerio de Trabajo donde pedirán que a esa empresa se le anulen todos los contratos de seguridad con las instituciones públicas y que se dé por roto el contrato laboral por ser la empresa quien lo ha incumplido reteniendo los salarios. DIARIO EXTRA intentó conversar con los gerentes de Seguridad Canarias pero luego de explicar el asunto se cortó la comunicación y no volvieron a contestar.
