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Opinión

Editorial

Hace tan solo un par de días el Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia que en enero de este mismo año un tribunal penal de San José dictó contra DIARIO EXTRA, condenando no solo al medio, sino a la periodista y subdirectora, y también dando por acreditada una acción civil solidaria de nada más que 20 millones de colones en favor del diputado liberacionista Víctor Hugo Víquez.


La sentencia, que fue dictada el 19 de ese mes, obedeció a una noticia que fuera publicada por el diario de más venta en el país (en el año 2011) sobre los aparentes incidentes de violencia doméstica de los cuales era víctima la exviceministra Karina Bolaños, en aquel momento esposa del congresista.


Dicha información fue sustentada por las denuncias que constan en el Juzgado de Familia de Heredia y la misma Bolaños interpuso en medio de una situación familiar complicada como lo detalla, pero que por motivos desconocidos retiró tiempo después. Si bien la supuesta víctima aduce haber actuado bajo presión y estrés, los hechos fueron de conocimiento judicial y hasta investigados por el Ministerio Público en procura de resguardar la integridad de la señora exfuncionaria del Gobierno.


Aquello fue suficiente para ser dado a conocer, el caso reviste de total interés público y así lo dijeron los jueces Alicia Salas, Hugo Vargas y Ronald Salazar, de la instancia de apelaciones, tras valorar la sentencia e indicar que todo ciudadano tiene derecho a conocer el comportamiento de sus representantes sea en el ejercicio estricto de sus funciones o en el ámbito de la vida privada. Además, y como punto medular, destaca que la violencia doméstica no solo es un acto de interés público, sino un tema de relevancia nacional que trata de ser combatido desde la ejecución de la ley y con el trabajo de entidades de Estado de forma directa.


Textual dice el fallo, “ en la sentencia que se recurre el Tribunal desechó que la información divulgada por el periódico La Extra y bajo la autoría de las acusadas fuera de interés público... señalando que la denuncia por violencia doméstica planteada ante los Tribunales es un aspecto que atañe a la vida privada del querellante y su esposa por no tener relación directa con los cargos que ambos ejercen”.


Ante esa resolución los juzgadores discreparon totalmente aduciendo “los hechos que se dieron a conocer al público en el diario, sí tienen relevancia pública y es un tema sobre el cual existe interés legítimo de la ciudadanía de conocer este aspecto de la vida privada de sus representantes o de quienes ostentan cargos sobresalientes (las negritas no son del original)”.


En dos platos y como lo detalla la sentencia “Por ello un representante del pueblo está expuesto al escrutinio público en un tema como el referido”.
Más claro que el agua, la resolución da cabida a un nuevo debate judicial, pero deja jurisprudencia en un tema tan trascendental para el ejercicio del periodismo y más de cara a las intenciones de las clases políticas y adineradas.


El comportamiento de los funcionarios hasta en seno privado se expone al escrutinio de la ciudadanía y nos es para menos pues somos los costarricenses que a dedo los colocamos en sus sillas de privilegio confiando en sus capacidades no solo profesionales (si las tiene), sino también en su don de gente, en su comportamiento íntegro en teoría y la dignidad que todo ser humano debe procurar.


Justo es entonces que los ciudadanos conozcamos cuándo esos señores y señoras aprovechan la investidura y el poder que ostentan para ocultar y manipular la realidad que les circunda y, peor aún, tratar de callar a los medios de información cuando revelan la verdad.


La libertad de expresión y de prensa no se violenta, menos en nombre de interés particular, este caso es el vivo ejemplo de la responsabilidad que cargan sobre sus espaldas los medios de comunicación y en especial DIARIO EXTRA, el periódico del pueblo que no se tapa nada ni esconde a nadie, por el contrario, muestra a toda Costa Rica cuando el asunto está salido de tono sin importar condición social y puesto.


El derecho de informar y ser informado es nuestra premisa y aún en las luchas más intensas no sucumbiremos a las presiones. La verdad debe prevalecer en todo momento.


Sentarse en la sillas del poder no es sinónimo de impunidad o intocabilidad y así lo dijeron los tribunales.

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Jueves 18 Julio, 2013

HORA: 12:00 AM

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