EL FEES, TRANSPARENCIA Y EXCELENCIA EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
Mauricio Herrera Rodríguez *
(Cédula: 1-10470502)
La discusión sobre el monto que se le debe adjudicar al Fondo Especial para la Educación Superior ha girado en torno a cálculos fiscales, proyecciones del crecimiento económico, inflación y otras estadísticas. Sin embargo, es poco lo que se ha hablado acerca de lo que proponen hacer las universidades públicas con los pretendidos aumentos; o en su contraparte, lo que propone el gobierno de la República que se haga ya sea con el presupuesto demandado o con uno inferior.
De tal forma, el Ministro de Educación se equivoca al plantear la cuestión como un asunto de prioridades fiscales en el que no existen diferencias cualitativas entre los diversos componentes del sistema educativo. La inversión en educación superior marca la diferencia entre una estrategia educativa que eduque para el desarrollo y otra que eduque para el estancamiento y la mediocridad; y es en torno a esta “finalidad de la educación superior” que debería centrar sus críticas constructivas el gobierno.
Así las cosas, se equivocan también los rectores de las universidades estatales al pensar que todo está dicho acerca de lo que hacen sus instituciones con los fondos que reciben de los costarricenses. Por mucho tiempo las universidades públicas han gozado del prestigio que su labor en el pasado les ha merecido. No obstante, como ex alumno de la Universidad de Costa Rica y como profesor interino, he sido y soy testigo de que no todo en las universidades públicas es color de rosa. Desde los oscuros y en muchas ocasiones corruptos procesos de contratación y evaluación de profesores que se han denunciado en estas páginas, hasta las grandes diferencias entre los recursos disponibles para administrativos (computadoras, oficinas alfombradas y aclimatadas) y las precarias condiciones en que muchos de los profesores y estudiantes intentamos trabajar o estudiar.
Los informes a la Contraloría, las auditorías internas y la acción social pueden garantizar la transparencia financiera o la buena imagen de las universidades públicas, pero no garantizan la calidad de la educación ni obligan a las Asambleas de Escuela a tomar decisiones que vayan siempre en defensa del bienestar común. Para muestra un botón. Con el aumento en el FEES, el Conare promete enviar a 400 funcionarios a formarse en el extranjero durante los próximos 5 años. ¿Qué garantías tenemos de que los procesos de selección de estas personas sean transparentes y democráticos? En la actualidad los becados son seleccionados a partir de concursos internos que rara vez son difundidos en medios de cobertura nacional. Es más, como bien se sabe en el ambiente universitario, es rara la ocasión en que se le otorga una beca o una reserva de plaza a algún profesional de otra universidad (estatal o no) o de la empresa privada. ¿Si los fondos son públicos, por qué no obligar a que estos concursos estén abiertos a todos los costarricenses?; y aún más importante, ¿por qué no obligar a que los becados sean escogidos tanto por profesores de planta como por miembros de la sociedad civil?
Finalmente, es importante mencionar que en Costa Rica hay muchos profesionales con valiosa experiencia práctica y postgrados obtenidos en el extranjero que gustosamente enseñarían en las universidades públicas si se les dieran las responsabilidades y privilegios que reciben los profesores de planta. Sin embargo, muchas de estas personas se han cansado (o estamos por hacerlo) de luchar contra un sistema de contratación sesgado y miope, que parece no importarle el despilfarro de recursos con tal de seguir nombrando a sus protegidos.
No se puede tapar el sol con un dedo. Estudiantes, profesores y ex alumnos recientes son conscientes de que las cosas se pueden hacer mucho mejor y que el camino a la excelencia comienza por contratar y promover solo a los mejores profesionales, pagarle dignamente a quienes lo merezcan y despedir a los que no sirven. Hasta que esto no suceda, estaremos engañando a quienes se les promete una educación de excelencia y a la sociedad que todavía confía en una universidad pública distinta. La mejor defensa de la autonomía universitaria, incluyendo el presupuesto y la libertad de cátedra, son la excelencia académica y la transparencia. La autonomía se otorgó para garantizar esta excelencia y debe buscarse constantemente para darle sentido.
Profesor interino Universidad de Costa Rica
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