• Carlos Barrantes, director de Promece
“ME COBRAN NO CEDER A PRESIONES DEL MINISTRO”
Betania Artavia
bartavia@diarioextra.com
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Carlos Barrantes, hasta ayer director del (Promece), visitó DIARIO EXTRA cargado de documentos para probar que lo destituyeron por no ceder a las presiones del ministro para hacer contrataciones de asesorías y consultorías con los fondos del programa que él manejaba.
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¿Por qué se le abre el órgano director?
- A mí se me abre un órgano director donde no está claro en todo el proceso cuál es la imputación que se me hace, relacionándolo con la licitación publica 2006-LM-75-57000 con actividades de capacitación del programa de Innovación Educativa que llevo a cabo el despacho del ministro en 2006 con cargo al programa presupuestario 570, y el director de ese programa es el ministro.
¿Para qué son las contrataciones?
- Se dan en el marco del proyecto que utiliza tecnología en el proceso de aprendizaje y tenía que ver con ayudar a los docentes a desarrollar competencias y destrezas en el uso de a tecnología para enseñanza y aprendizaje. Estos contratos que fueron debidamente autorizados por el Ministro de Educación donde a su vez él dispone que la Proveeduría institucional del MEP es el responsable de la fiscalización y a su vez hay una nota del propio ministro del 7 de junio de 2006, que le dirige a doña Yarid Rivera en calidad de directora de desarrollo curricular donde le dice que a partir de la fecha es la responsable de todas las decisiones técnicas y la supervisión de ese proyecto.
¿Quién manejó el programa para el que se aprobaron las contrataciones?
- Lo de los cursos que se dieron lo manejó la dirección de desarrollo curricular y, según lo dicho por doña Yarid Rivera, a la fecha que el órgano estaba funcionando ya se habían impartido.
¿Usted autorizó las facturas?
- Las facturas las autoriza el ministro Garnier en diciembre de 2006 con sello y firma al dorso de cada una.
¿Por qué lo despiden?
- Me acusan de haber ordenado el pago cuando está claro que el único que podía ordenarlo era el director del programa presupuestario, que en este caso es el Ministro y como consta al dorso de las facturas fue aprobado por el Ministro de Educación y de previo a él por la Proveedora institucional, que de acuerdo a los términos de referencia era la responsable. A mí se me achaca responsabilidad que no tengo y además abren un órgano bajo la tutela del ministro, cuando él es juez y parte. Y de acuerdo a la ley orgánica del ministerio, no debió haber visto este proceso sino la dirección de personal.
¿Por qué no se analizó en la oficina de personal?
- El director de personal confiesa que el documento que él firmó recomendando la apertura de un órgano para investigarme se lo redactó la asesora jurídica del propio ministro Garnier, recomendando que fuera el ministro quien viera el caso y por eso saca la resolución culpándome a mí de lo que él es responsable de haber ordenado y aprobado el pago de las facturas.
¿Con qué fin lo estarían vinculando a usted?
- Es un montaje para sacarme a mí del proyecto para seguir ellos con sus planes de reorganizar las actividades y presupuestos del proyecto asociado a los intereses muy particular del propio ministro y sus asesores.
En el fondo está asociado a gastos de consultoría, de viáticos, materiales, equipamiento. Ellos necesitan tener vía libre y cero obstáculos para contratar asesores como trataron de hacerlo el año pasado, sin ningún éxito, con una de las asesoras activas del ministro, que se me pidió que le pagara 1.800 a 2.000 dólares y me negué porque los fondos del programa no son para eso. Al final no pudo contratar.
O bien las irregularidades del contrato de educación intercultural, que estaba destinado a la Dirección Curricular y al final terminó haciéndolo un asesor cercano e íntimo del ministro Garnier, que a su vez en el contrato se puso como el responsable técnico y de autorizar los pagos, cosa que no debió haber sido nunca.
Y una serie de anomalías que he venido denunciando a la Contraloría. Por solicitud propia he pedido una investigación que interviniera el programa desde el 9 de febrero de 2009.
¿Que va a hacer?
- Vamos a ir a la sala Constitucional a pedir que atiendan mi solicitud, se me respeten los derechos constitucionales y laborales que se me violentaron en todo el proceso. El recurso busca dejar sin efecto en primera instancia la resolución pero fundamentalmente es para dejar constancia de que se me violaron las elementales garantías. Al final terminó juzgándome la persona que no podía juzgar porque fue quien autorizó los pagos y por supuesto la resolución del Ministro tiene un recurso de revocatoria que vamos a plantear.
Se plantea ante el jerarca y de mantener la resolución estamos dispuesto a acusarlo penalmente por prevaricato.
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