• Propondrá Liberación Nacional para evitar asaltos y sicariato:
MOTOCICLISTAS NO PODRÍAN TRANSPORTAR PASAJEROS
Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com
Foto: Adolfo Alvarado
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Francisco Dall’Anese (centro) fue escuchado ayer por los diputados liberacionistas y el viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson (de espaldas).
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La fracción del Partido Liberación Nacional propondrá una moción para incluir en el proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada una reforma a la Ley de Tránsito que prohíba que las motocicletas transporten a más de un pasajero.
El anuncio de la enmienda lo hizo ayer el jefe de los diputados liberacionistas, Jorge Méndez, tras reunirse al mediodía con el fiscal general Francisco Dall’Anese, quien cuestiona algunos contenidos del texto sustituto que acogió la Comisión de Seguridad Ciudadana para el plan contra las bandas de maleantes.
MOTOS: TRANSPORTE DEL CRIMEN
Según Méndez, datos del Organismo de Investigación Judicial ayudan a comprobar que la mayoría de crímenes se comete utilizando motocicletas, por la versatilidad de ese medio de transporte.
De introducirse la moción en la Ley contra la Delincuencia Organizada, quedaría prohibido que una moto circule con dos pasajeros en las áreas urbanas del país.
“Vía decreto se define cuáles son las áreas urbanas. En el caso de las zonas rurales el Poder Ejecutivo podrá emitir directrices para regular la circulación de dos pasajeros a bordo de una motocicleta. Al fiscal general le pareció muy buena esta propuesta”, explicó el jerarca oficialista.
Sobre la eventual presentación de acciones de inconstitucionalidad, en caso de aprobarse la restricción en el número de pasajeros de las motocicletas, Méndez afirmó que primaría el interés colectivo sobre los derechos individuales.
EN EL PRIMER LUGAR
La Ley contra la Delincuencia Organizada pasó ayer al primer lugar de la agenda de proyectos del plenario. Ayer mismo los diputados “quemaron” el cuarto y último día habilitado para la presentación de mociones de reiteración.
Tras la conversación con Dall’Anese, Liberación Nacional presentó 20 mociones y la Unidad Social Cristiana 15.
Según el líder socialcristiano, Jorge Eduardo Sánchez, las enmiendas de su divisa se basan en el informe redactado por la Corte Suprema de Justicia, donde se cuestionan varios aspectos del proyecto, entre ellos la definición de delincuencia organizada.
Sánchez no tiene una buena opinión sobre la cita de Liberación con Dall’Anese. “Lo que dice eso es que el fiscal tiene una posición absolutamente individual y anda buscando quién se la avale. En el pasado venía a que el PAC lo abrazara.
Él debería defender las tesis de la Corte y no tratar de imponer las suyas, porque al final son los jueces y los magistrados los que aplican la ley y no el fiscal”, afirmó.
El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el libertario Luis Barrantes, indicó que la discusión de las mociones empezaría hoy. También cuestionó la posición liberacionista sobre el proyecto de ley.
“La semana pasada doña Laura Chinchilla salió a presionar a los diputados para que aprobemos este proyecto, del cual se atribuye la autoría. Hoy sale don Jorge Méndez, afín a esta precandidata, con posiciones politiqueras que solo perjudican la propuesta”, dijo.
OTROS CAMBIOS
Barrantes anunció que aceptó para su presentación una moción sugerida por la ministra de Seguridad, Janina del Vecchio, para castigar con cárcel de 1 a 2 años a quienes, sin ser policías, utilicen uniforme de la Fuerza Pública. La pena iría de 2 a 8 años si las divisas policiales se utilizaran para cometer fechorías.
Los diputados también propusieron otras modificaciones para que se debatan durante el último día de reiteración, entre ellas, que la Plataforma de Información Policial está bajo control del director del Organismo de Investigación Judicial, el aumento de la lista de delitos que se podrán investigar a través de intervenciones telefónicas, el cierre de establecimientos que compren o adquieran artículos robados y la cancelación de la concesión para operar servicios de telecomunicaciones a aquellas empresas que impidan las intervenciones telefónicas para la investigación de delitos graves.
