Caso Alterra
Grave daño para Costa Rica
Grupo de ciudadanos*
Está por consumarse el negocio del siglo, con exorbitantes beneficios para contratistas extranjeros y graves perjuicios para Costa Rica. A pesar de múltiples prevenciones en contra, el Gobierno insiste en que Alterra -con el simple cambio del accionista Bechtel por Houston, que nada remedia- continúe como gestor a cargo del aeropuerto Juan Santamaría hasta el 2026. Además le da, a contrapelo del contrato existente producto de una licitación pública y avalado por la Sala Constitucional -ante la cual se cuestionó en su momento- sumas por más de $1.100 millones (¡mil cien millones de dólares!) en ingresos fiscales, además de los $300 millones que lleva gastados en ocho años sin concluir las obras contratadas.
No hay duda de que Alterra hechiza... Como si no fuera suficiente, el gobierno otorga también en concesión por 20 años el aeropuerto Daniel Oduber -hasta el año 2029- a un grupo encabezado por la misma empresa de Houston, la cual tendrá el 95% de las acciones de Alterra -que sigue siendo Alterra y no un nuevo gestor, como algunos han malinterpretado-. Se crea así un cuasimonopolio aeroportuario de dudosa legalidad y nefastas consecuencias, tanto jurídicas como económicas.
Para justificar lo injustificable, el Gobierno alega que es necesario “dar continuidad a la prestación del servicio aeroportuario”, un argumento que nunca usó durante los cinco años en que Alterra tuvo paralizadas las obras. ¿Continuidad de que'? ¿De abusos, incumplimientos, berrinches, suspensión de obras, negativa a cumplir el contrato alegando un cambio inexistente, cobros indebidos, evasión de multas? Con el mismo fin, alega que el país "no puede" hacerse cargo de la construcción y administración de aeropuertos, aun cuando lo hizo en el pasado sin contratistas foráneos y los países de la región lo hacen actualmente. Bajo la falsa premisa de “satisfacer el interés público”, las autoridades deciden traspasar los fondos públicos a manos privadas en montos nunca antes vistos, que llegarán a los $1.400 millones (¡mil cuatrocientos millones de dólares!). Un retroceso histórico, bochornoso y humillante.
Panamá liberó el Canal de una concesión oprobiosa a perpetuidad, lo maneja con eficiencia y seguridad y los ingresos que produce son para su propio desarrollo. La mayoría de los países centroamericanos modernizaron sus aeropuertos y los administran sin el auxilio de contratistas. El Gobierno de Costa Rica se ha declarado oficialmente incapaz de hacerlo, y con asombrosa prodigalidad se propone entregar a empresas de capital extranjero, en tiempos de crisis, ingresos por $1.100 millones extra, que debieran invertirse en beneficio de los costarricenses.
Se han planteado por años soluciones orientadas al interés público que el Gobierno ni siquiera se ha dignado responder; prefiere que Alterra siga a bordo a pesar de sus reiterados incumplimientos, millonarias multas sin pagar, sobreprecios, comisiones, gastos no autorizados, etc. Al entregar nuestra infraestructura y nuestras empresas, el impulso propuesto a la educación, ciencia y tecnología, la informática, las ingenierías innovadoras, servirá para prepararle empleados a las transnacionales, que serán las dueñas del país.
Desde el año 2003 la Contraloría ordenó que se cumplieran los términos del contrato, se corrigieran “los excesos y errores en las tarifas” y que se devolviera a los usuarios lo cobrado de más; no se cumplió la orden. En el 2004, el ente contralor envió un informe al Ministerio Público señalando que se había "actuado en forma irresponsable" y apuntando hechos de posible tipificación penal; nada se hizo. En el 2005 la Contraloría ordenó el reinicio inmediato de las obras, que solo fue acatado parcialmente y con tortuguismo. En 2006 la Contraloría rechazó otro addendum al contrato, porque ilegalmente aumentaba los ingresos del Gestor más allá de lo previsto. Ahora, en 2009, Aviación Civil y el MOPT proponen un nuevo addendum que extiende el plazo del contrato por cinco años -hasta 2026- y así se aumentan en $400 millones los ingresos; esta vez la Contraloría lo acepta. Se irrespeta también el cartel de licitación al incorporar como casa matriz del Gestor a una compañía sin acreditación de experiencia directa en gestión aeroportuaria, ni el respaldo técnico financiero requeridos, que además sujeta el cumplimiento del contrato de servicios técnicos a las leyes de Estados Unidos y del Estado de Texas. En lugar de sancionar, a lo que está obligado, el Gobierno ha decidido premiar el incumplimiento del Gestor ¿Somos un Estado de Derecho? ¿Cómo puede aceptarse semejante arbitrariedad, que hace a un lado al Derecho y obliga a los usuarios del aeropuerto a pagar las deudas de Alterra? No solo es ilegal sino que crea un funesto precedente de pagar las deudas de un contratista que no cumplió. Es ceder a presiones de una empresa, en abierta oposición al interés público.
Es una evidente falacia alegar que el Gobierno “no puede” concluir las pocas obras que faltan; tienen ya diseños aprobados y mediante procedimientos abreviados de licitación podrían contratar rápidamente a empresas nacionales que tienen capacidad de sobra para concluirlas. También es un sofisma argumentar que “no puede” el Gobierno administrar un aeropuerto que generaría más de $1.100 millones de ingresos, de los cuales solo $100 millones deben invertirse en terminar las obras y unos $150 millones en gastos de operación y mantenimiento hasta el 2026.
La Contraloría, luego de ocho años de rechazar reiteradamente el alegato de Alterra del inexistente "desequilibrio financiero", donde lo que pretendía era "restituir condiciones que nunca formaron parte del contrato... y aumentar los ingresos del Gestor por encima de lo previsto", ahora ha cedido y se aparta de sus pronunciamientos anteriores, al aceptar que Alterra impunemente omita el cumplimiento de sus órdenes previas, e imponga el inexistente desequilibrio financiero para justificar los pagos de más. ¿Por qué debe sufrir el Estado costarricense las consecuencias de estos abusos y asumir el pago de los millonarios préstamos que Alterra tenía que haber cancelado y no lo hizo, así como multas millonarias por el atraso de cinco años, que irónicamente ahora saldrá de los bolsillos de los usuarios del aeropuerto, además de los graves perjuicios que el incumplimiento de Alterrra ha causado a Costa Rica?
*Rodolfo Silva V., Otto Escalante W.,
Manuel Sáenz Herrero, Mauricio Gutiérrez,
Rodrigo Cuesta V.
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