• Sostiene Johnny Araya, alcalde de San José
“CANCELACIÓN DE CREDENCIALES ES UN ATAQUE MÁS DE LA CONVENCIÓN”
MARIETTA ESPINOZA M
mespinoza@diarioextra.com
Fotos: Rándall Sandoval y Oldemar Siles
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Douglas Caamaño, ex asesor del Consejo Municipal de San José, formuló la denuncia contra Araya y el regidor del Partido Restauración Nacional Roberto Delgado, por no vivir en el cantón donde desempeñan sus cargos.
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El alcalde de San José, Johnny Araya, regresó ayer a su puesto con la noticia de la apertura de un procedimiento para la cancelación de credenciales en su contra, por no vivir en el cantón donde desempeña su puesto.
De esto se enteró a través de la noticia publicada ayer en exclusiva por DIARIO EXTRA ya que, según indica, aún no ha sido notificado.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó la apertura del proceso, luego de acoger una consulta que posteriormente se transformó en denuncia, presentada por Douglas Caamaño, ex asesor del Consejo Municipal de San José.
Caamaño alega que Araya y el regidor del partido Restauración Nacional, Roberto Delgado, violan lo establecido en el inciso inciso c) del artículo 75 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y el artículo 15 del Código Municipal, ya que ninguno de los dos tiene su residencia en el cantón de San José.
LEY NO ES RETROACTIVA
Sin ocultar su molestia, Araya achacó la denuncia a un ataque más de la recién pasada convención del partido Liberación Nacional.
“En mi caso yo me he inscrito en dos oportunidades como candidato a alcalde cumpliendo con todos los requisitos que establece el Código Municipal y ese es estar inscrito electoralmente en el cantón, no es sino hasta 2007 que hay un pronunciamiento distinto al que respaldaba el requisito del Código Municipal que está vigente”, indicó.
El mismo TSE emitió un fallo el 28 de agosto de 2007, donde establece que el domicilio electoral debe coincidir con la residencia efectiva y la verificación de que no se cumple con este requisito será causal para la cancelación de credenciales.
Según Araya, el Tribunal no puede aplicarle la nueva normativa de manera retroactiva y si piensan seguir utilizándola, deberían hacer una reforma al Código Electoral, dijo.
“Yo creo que de ninguna manera podría aplicarlo retroactivamente, porque cuando yo fui inscrito como candidato me inscribí con la normativa que había y con la jurisprudencia que tenía el propio TSE, donde justificaba muy claramente la división entre domicilio electoral y residencia real, ha sido público y notorio que yo vivo en esa residencia (Escazú) desde hace varios años”, añadió.
Pese a esto, sostiene que respetará la resolución que emitan los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Aunque aún no ha sido notificado, acotó que preparará las pruebas de descargo para presentarlas al órgano electoral cuando corresponda.
CÓDIGO MUNICIPAL ES EL QUE CUENTA
DIARIO EXTRA también ubicó al regidor Roberto Delgado, para conocer su posición sobre el caso. Al igual que Araya, dijo que aún no ha sido notificado pero con la ayuda de su abogado preparará su defensa.
“El fundamento del Código Municipal es que la residencia electoral es la que cuenta para el nombramiento. Yo he sido tres veces regidor siempre por el distrito Hospital, en ocasiones diferentes, con más de 40 años de ser elector del distrito del Cantón Central. Uno sabe que tiene enemigos y que en la política esto es así”, acotó.
Pese a tener más de 40 años de estar inscrito electoralmente en el Cantón Central de San José, reconoció que su residencia está en otro cantón.
“Yo tengo dos residencias, la electoral y en Moravia, donde está mi familia, mi hijo y mi esposa; pero mi elección proviene de donde yo resido electoralmente. Donde yo voy a dormir, por decirlo de alguna manera, es en Moravia” aceptó.
MINTIERON
Douglas Caamaño, ex asesor del Consejo Municipal de San José, comentó a DIARIO EXTRA que la denuncia contra Araya y el regidor Delgado fue presentada como parte de una acusación contra el alcalde y diez regidores del Concejo Municipal por el supuesto delito de Fraude de Ley y Abuso de Autoridad.
Ahora espera que el TSE continúe el proceso y cancele las credenciales a ambos, ya que desde su punto de vista los dos incumplen con el Código Electoral y el Código Municipal.
“Cuando uno va a sacar su cédula uno tiene que reportar su lugar de residencia, no puede reportar otro y esa es una declaración bajo fe de juramento y se configura dentro de un delito penal”, afirmó.