• Juan Diego Castro contradice el informe de la Corte:
“¿EN QUÉ PAÍS VIVE DON LUIS PAULINO?”
MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com
FOTO: DIANA MÉNDEZ
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El equipo de Jurisis Abogados realizó ayer un café por la justicia. (De izq. a der.) Raquel Castellón, Sara Castellón, Juan Diego Castro, Grazy Calvo y Sonia Salgado.
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Después de que Luis Paulino Mora, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presentó el informe anual de labores del Poder Judicial, en el que expuso las grandes conquistas de este año y negó alcahuetería alguna en el sistema judicial costarricense, el bufete Jurisis Abogados -grupo de expertos en Derecho Penal encabezado por el Lic. Juan Diego Castro- convocó a una conferencia de prensa para contradecir ese informe.
Según Castro, en la Corte se ha conformado lo que él llama “el partido abolicionista”, un grupo de jerarcas que pretende solucionar la crisis de inseguridad que vive el país con medidas alternativas a la prisión.
“¿Don Luis Paulino, cuál es el remedio que usted propone? ¿Qué es lo que usted quiere que haga nuestra sociedad? Vea, nuestras casas están llenas de rejas, alambre navaja, alarmas, cercas electrizadas y los delincuentes andan haciendo lo que les da la gana.
Usted les va a dar un trabajo comunal. ¿Quién los cuida? ¿Cuál es la solución que nos dan? El daño que ha hecho ‘el partido abolicionista’ no tiene fronteras, ni cuando se trata de personas reincidentes”, se quejó.
Aludiendo una frase de Mora, quien negó que el sistema judicial sea alcahuete, Castro manifestó todo lo contrario y hasta se preguntó “en qué país vivirá don Luis Paulino”.
“Aunque Luis Paulino Mora niega que nuestro sistema judicial sea alcahuete, persiste una serie de fallas que serían muy fáciles de resolver si los políticos, el Poder Judicial y los diputados se sientan a tomar un café con ganas de darles solución a los problemas”, dijo Castro ayer.
Para Castro los altos jerarcas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo deben ajustar las normas que permiten eliminar la inmensa impunidad en nuestro país, que hace que los delincuentes anden en la calle y las víctimas tengan que encerrarse en su casa.
“Los políticos deben de sentarse a definir una política criminal que permita resolver los problemas que tiene el país en materia de victimización y criminalidad. Creemos que el sistema no funciona, que desprecia los derechos de las víctimas y que no responde como manda la Constitución. La justicia penal debe ser pronta y cumplida, pero la verdad es que ahora no es pronta y mucho menos cumplida”, añadió.
ESTADÍSTICAS DE HORROR
El director de Jurisis Abogados se basa en las estadísticas del más reciente Informe Estado de la Nación, que indican los tiempos que tardan los procesos judiciales en llegar a su fin.
En 1998, cuando entró en vigencia el Código Penal, los procesos penales duraban 18 meses y en 2008 duran un promedio de 25 meses. El experto dijo conocer casos que se han tardado hasta cinco años y todavía no hay sentencia en firme.
Agregó que los tribunales de flagrancia vinieron a quitar el tufo de la lentitud.
“De cada 100 denuncias que entran al Poder Judicial, el 98% no tuvo respuesta judicial. Solo el 8% tuvo sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, criterio fiscal o conciliación. Quiere decir que de cada 10 víctimas, 8 solo obtienen el silencio judicial. ¡Qué impunidad del demonio! Contrario a la Constitución, que indica que todo ciudadano tiene derecho a la justicia pronta y cumplida”, acotó.
Pero aun así son una gran minoría los casos que se atienden. “Luis Paulino, presidente de la Corte, en su informe anual habla de la efectividad de los tribunales. Queremos analizar qué se entiende por eso. Si la efectividad es dejar a los delincuentes libres, el asunto se complica mucho.
A esto debemos agregarle también toda una crisis que se ve reflejada en la discusión que tienen los magistrados el 19 de octubre en la sesión de Corte Plena, donde se indica que no hay campo en las cárceles. Los magistrados confiesan que en las centros penitenciarios hay un 9,1% de sobrepoblación con unos 789 privados de libertad de más”, expresó.
Castro sostiene que es falso lo que dice Mora sobre que son tutelados los derechos tanto de las víctimas como de los victimarios.
“Los derechos de los delincuentes no están en discusión, pero están completamente despreciados los derechos de las víctimas. La víctima para que sea parte tiene que constituirse como querellante, contratar un abogado, pagar sus honorarios y eso se refleja en el trabajo de mis colegas. Hemos tenido casos donde los jueces nos sacan de casos aunque representan a las víctimas. Los jueces ven a las víctimas como un invitado de piedra en el proceso”, explicó.
Para Castro el Poder Judicial no tiene condiciones ni infraestructura para proteger y atender a las víctimas contra asesinos y ladrones. “En las audiencias tienen que sentarse al frente a menos de un metro, donde los están enjachando con una cara de demonios que no es jugando”, narró.
SOBRE LA PORTACIÓN DE ARMAS
“¡Por Dios! Cómo don Luis Paulino va a decir que la gran solución para la portación de armas no permitidas es obligarlos al trabajo de utilidad pública. O sea ¿a un asesino o asaltante como los que mataron a Randy, qué trabajo de utilidad pública les va a dar usted? Tal vez de carniceros en Montecillos podrían trabajar porque son expertos para el cuchillo”, dijo con ironía.
Para el director de Jurisis Abogados hay una inmensa falla en las leyes porque cuando detienen a una persona con un arma no inscrita y sin permiso de portación solo le darían a lo máximo tres años de cárcel, pero con la ejecución condicional al ser una pena menor.
“Estaría de inmediato en la calle de nuevo, jamás iría a prisión porque tendría un sinfín de beneficios carcelarios. Lo que debería pasar cuando se detenga a una persona con un arma sin permiso debe ser ir de una vez con prisión preventiva. Hay que sacarla de circulación, hay que detenerla. ¿Qué hace una persona en la calle con un arma sin permiso? Pues va a cometer un delito”, aseguró Castro.
SOBRE LOS BRAZALETES
El equipo de Jurisis Abogados analizó también la propuesta del uso de brazaletes que se les colocaría a las personas con prohibición de acercarse a un lugar o alejarse de una zona determinada.
Ese sistema, creado en Estados Unidos, se ha modernizado y dado buenos resultados pero requiere una gran inversión en tener todo un equipo tecnológico y personal capacitado para monitorear cada uno de esos dispositivos y actuar para detener en el acto a quien incumple la medida.
“Nos interesaría saber si se ha hecho algún estudio, cómo se van a financiar, con qué presupuesto, quiénes van a ser los operadores”, finalizó Daniel Quirós, abogado de Jurisis.
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